Interior obliga a trasladar de prisión a 18 reclusos de los GRAPO

Un total de 18 reclusos pertenecientes a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y al PCEr (11 hombres y siete: mujeres) fueron trasladados a finales del pasado mes a distintos centros penitenciarios españoles en una "reclasificación de internos". El Ministerio del Interior sugirió al de Justicia el traslado de estos presos ante una eventual reorganización del grupo terrorista. Los 18 presos trasladados se encontraban en las prisiones de Soria y en la de: Carabanchel de mujeres. Los centros penitenciarios entre los que han sido distribuidos son los (le Córdoba (Alici...

Un total de 18 reclusos pertenecientes a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y al PCEr (11 hombres y siete: mujeres) fueron trasladados a finales del pasado mes a distintos centros penitenciarios españoles en una "reclasificación de internos". El Ministerio del Interior sugirió al de Justicia el traslado de estos presos ante una eventual reorganización del grupo terrorista. Los 18 presos trasladados se encontraban en las prisiones de Soria y en la de: Carabanchel de mujeres. Los centros penitenciarios entre los que han sido distribuidos son los (le Córdoba (Alicia Artímez Álvarez, Celsa Barcia y Teresa de Jesús González Rodríguez), Ocaña (Francisco Brotons Beneyto, Manuel Quesada, Juan García Martín y Juan Manuel Pérez Fernández), Castellón (Eva Alonso Arce y Aurora Cayetano), Daroca (José María Sánchez Casas, José Balmón Castell y Olegario Sánchez Corrales), Basauri (Josefina Aramburu y Carmen Anguita) y Almería (José Antonio Ramón Teijelo, Joaquín Calero Arcones, Antonio Pedrero Donoso y Fernando Hierro Chomón). Todos ellos se encuentran en centros destinados para jóvenes de 21 a 25 años, cuando la mayoría de ellos pasan de esa edad.

"Sorpresivamente despertados"

En la madrugada del 24 de julio, los miembros de ambas organizaciones "eran sorpresivamente despertados y a los pocos minutos se encontraban en furgones de la Guardia Civil con rumbo desconocido", según una carta manuscrita de José María Sánchez Casas dirigida a este periódico. "Los directores de las cárceles a las que fueron llevados", continúa en su escrito a EL PAÍS, "habían sido avisados sólo momentos antes de presentarse ante las puertas de las cárceles los furgones de conducción y no podían ocultar su contrariedad, ya que, según manifestaron, sus cárceles no reúnen condiciones para tenerlos".

El dirigente de los GRAPO afirma que, según se supo después", fue el Ministerio de Interior quien "impuso" la adopción de estas medidas sobre el departamento de Justicia, "y lo confirma", continúa, "el torpe desmentido del mismo ministerio, que alegó que sólo se trataba de una cuestión de clasificación de internos", cuando muchos de los presos trasladados superan los 45 años.

Un portavoz de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias consultado por este periódico declaró que el departamento no tenía "ningún comentario que hacer a este respecto".

La sugerencia de Interior a Justicia para el traslado de los internos fue motivada por unas informaciones poiliciales en poder del primer departamento gubernamental que hacían referencia a una reorganización de los GRAPO en Andalucia. Según fuentes policiales, un comando de esta organización hirió gravemente al policía Emiliano Alarcón Ávalos en Valencia (véase EL PAÍS del 20 de julio pasado).