TRIBUNALES

El Supremo juzgará a los dos jueces de Barcelona acusados de soborno

La Sala Segunda del Tribunal Supremo juzgará a los magistrados de primera instancia de Barcelona Carlos Lorenzo Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia, según una resolución adoptada por la citada sala del alto tribunal, que se ha considerado competente en el caso.Los dos magistrados habían promovido un incidente de previo especial pronunciamiento ante el Supremo, por considerar que el competente para juzgarles era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este organismo no se ha constituido todavía, por lo que en caso de que se hubiera aceptado la petición de los magistrados éstos hubie...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

La Sala Segunda del Tribunal Supremo juzgará a los magistrados de primera instancia de Barcelona Carlos Lorenzo Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia, según una resolución adoptada por la citada sala del alto tribunal, que se ha considerado competente en el caso.Los dos magistrados habían promovido un incidente de previo especial pronunciamiento ante el Supremo, por considerar que el competente para juzgarles era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este organismo no se ha constituido todavía, por lo que en caso de que se hubiera aceptado la petición de los magistrados éstos hubieran sido juzgados por el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, como ya ocurrió con el caso Banca Catalana.

Lorenzo Penalva y García Lavernia fueron procesados en julio de 1984 como presuntos autores de un delito de cohecho (soborno), supuestamente cometido en la designación de amigos suyos como interventores, comisarios o depositarios en los procedimientos de suspensión de pagos o quiebras que se seguían en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias. Junto a ellos se encuentran el hermano de Lorenzo Penalva, Luis, y otros seis profesionales del derecho que participaban en sus actividades.

Las irregularidades en el comportamiento de los jueces fueron descubiertas en 1982 y el fiscal general del Estado interpuso querella criminal contra ellos.

Archivado En