Sin consenso sobre el juez natural

No existe aún en el seno de la comisión ejecutiva federal del PSOE un criterio uniforme sobre si los delitos de terrorismo deben ser juzgados por los magistrados del País Vasco o la Audiencia Nacional debe continuar con las competencias en esa materia. El Ministerio del Interior defenderá el traslado de estas competencias a los jueces y magistrados de Euskadi para que por parte de éstos se tenga "un mayor compromiso social", según el punto de vista del Ministerio del Interior (ver EL PAÍS de ayer).Esta teoría del juez natural no es compartida del todo por el Ministerio de Justicia ni ta...

No existe aún en el seno de la comisión ejecutiva federal del PSOE un criterio uniforme sobre si los delitos de terrorismo deben ser juzgados por los magistrados del País Vasco o la Audiencia Nacional debe continuar con las competencias en esa materia. El Ministerio del Interior defenderá el traslado de estas competencias a los jueces y magistrados de Euskadi para que por parte de éstos se tenga "un mayor compromiso social", según el punto de vista del Ministerio del Interior (ver EL PAÍS de ayer).Esta teoría del juez natural no es compartida del todo por el Ministerio de Justicia ni tampoco encuentra unanimidad en la dirección del PSOE. Un miembro de la ejecutiva reconocía ayer que entre la dirección había "compañeros a favor y compañeros en contra".

En el PSOE afirman que esta es una decisión que corresponde al Gobierno y será en ese ámbito donde debe resolverse. Más exactamente cuando se produzca la derogación de la ley antiterrorista y se trasladen a la ley de enjuiciamiento criminal y al Código Penal preceptos que ahora figuran en esta legislación especial y que el Gobierno considera que no deben extinguirse por su eficacia en la lucha contra el terrorismo.

Desde la Oficina del Portavoz del Gobierno se reiteró ayer que "el calendario se mantiene". Según las previsiones, una vez que el Ejecutivo tenga una decisión cerrada enviará la nueva legislación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitirá un informe. Tras ello procederá la aprobación en el Consejo de Ministros y la remisión del proyecto de ley a las Cortes. Todo ello no antes del próximo mes de septiembre y se espera que a la tramitación parlamentaria se le imprima "una relativa rapidez". Hasta ahora los proyectos que han llegado a Moncloa de los ministerios de Justicia e Interior no han contado con la aprobación del presidente del Gobierno, Felipe González.