El fiscal pide 122 años para ocho guardias civiles
El juicio contra ocho guardias civiles del puesto de Cuntis (Pontevedra), acusados de malversación de fondos, falsedad en documento público y cohecho, quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El ministerio fiscal solicitó penas que suman 122 años de prisión y un total de 72 años de inhabilitación. Los acusados negaron los cargos que les imputaban, y los defensores pidieron la absolución de sus patrocinados.Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983, cuando los procesados estaban destinados en el puesto de la Guardia Civil de Cuntis con la misión de controlar posib...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juicio contra ocho guardias civiles del puesto de Cuntis (Pontevedra), acusados de malversación de fondos, falsedad en documento público y cohecho, quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El ministerio fiscal solicitó penas que suman 122 años de prisión y un total de 72 años de inhabilitación. Los acusados negaron los cargos que les imputaban, y los defensores pidieron la absolución de sus patrocinados.Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983, cuando los procesados estaban destinados en el puesto de la Guardia Civil de Cuntis con la misión de controlar posibles transportes de tabaco rubio de procedencia extranjera introducidos ilegalmente en el territorio nacional.
Según el ministerio fiscal, los procesados que actuaron de común acuerdo, se apropiaron y repartieron cantidades de tabaco que el abogado del Estado valoré en cinco millones de pesetas. En algún caso, según la acusación, los procesados percibieron dinero de los contrabandistas para permitirles luego continuar la ruta sin levantar acta de la operación. En otros se apropiaron de distintas cantidades de tabaco, amañando luego el acta de aprehensión.
El fiscal solicitó una pena de prisión mayor de siete años para cada uno de los acusados y nueve años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación. Solicitó también siete años de prisión mayor y 500.000 pesetas de multa con arresto sustitutorio por el delito de falsedad, y dos años de prisión menor y 700.000 pesetas de multa con arresto sustitutorio de seis meses en caso de impago. Impuso, además, a los procesados la obligación de indemnizar solidariamente al Estado en la cantidad de 1.320.000 pesetas.
La defensa pidió la libre absolución de los acusados, alegando que los delitos imputados no podían ser tipificados como tales. Los defensores precisaron también que se trataba de delitos parciales, y que, en contra de la argumentación del abogado del Estado, no se podía hablar de un "delito continuado de contrabando". La sentencia se conocerá dentro de cinco días.