Adictos a la pena de muerte

Combatir el tráfico de drogas se ha convertido en uno de los motivos principales que impulsa la reinstauración de la pena de muerte en distintos países del mundo, según un informe elaborado por Amnistía Internacional (Al). Durante la década de los ochenta han sido seis los países que han instalado el patíbulo en sus leyes por el citado motivo, en contra de la tendencia internacional a limitar la pena de muerte.

Al menos son 23 los países tan distintos como Irán o los Estados norteamericanos de Arizona y Florida- en los que los delitos relacionados con las drogas son castigables con vari...

Combatir el tráfico de drogas se ha convertido en uno de los motivos principales que impulsa la reinstauración de la pena de muerte en distintos países del mundo, según un informe elaborado por Amnistía Internacional (Al). Durante la década de los ochenta han sido seis los países que han instalado el patíbulo en sus leyes por el citado motivo, en contra de la tendencia internacional a limitar la pena de muerte.

Al menos son 23 los países tan distintos como Irán o los Estados norteamericanos de Arizona y Florida- en los que los delitos relacionados con las drogas son castigables con variadas formas de ejecución. La citada organización de derechos humanos afirma en su estudio que ningún dato prueba que la pena capital haya altera do ni el comercio ni el consumo de estupefacientes, pese a la ejecución de cientos de personas en los últimos años. El informe de Al indica su preocupación por el riesgo de que el temor de la sociedad ante el tráfico de drogas, como ante la violencia política, pueda provocar una nueva oleada de reinstauraciones de la pena de muerte, incluso en alguno de los únicos 28 países en el mundo que la han abolido para todos los delitos.

Así ocurrió, por ejemplo, con la propuesta de introducir en la legislación federal de Estados Unidos la pena capital para crímenes relacionados con las drogas. La propuesta fue rechazada el pasado 18 de octubre de 1986 gracias principal mente al argumento de que su aprobación dificultaría las ex tradiciones de traficantes sospechosos desde países abolicionistas. Sin embargo, dos Estados de la Unión (Arizona y Florida) prevén el máximo castigo para los traficantes de drogas cuando ésta sea causa probada de la muerte del usuario, aunque no la han aplicado aún por este motivo.

Pena obligatoria

Según Al, el uso de la pena capital por el citado delito ha mostrado, como en otros casos, ser una pena injusta, discriminatoria, cruel y arbitraria.

Quizá el caso más extremo se dé en Malaisia, país en el que la posesión probada de 200 gramos de hachís es prueba suficiente para que el juez aplique obligatoriamente la pena capital.

La arbitrariedad se hizo patente en el caso de una pareja de ciudadanos de Malaisia condenados a muerte en julio de 1985 por la posesión de 412 gramos de cannabis. La pena se transformó en cinco años de prisión después de que su abogado demostrase en el recurso que sólo 198 gramos (dos menos de los que marca la ley) habían sido incautados en su domicilio. El resto de la droga se hallaba en el gallinero, donde, adujo, cualquiera la podía haber puesto. Dos gramos valieron dos vidas.

Los 23 países con este tipo de adicción al patíbulo son: en África: Isla Mauricio; en América, los Estados norteamericanos de Arizona y Florida; en Asía: Brunei, Birmania, República Popular China, Indonesia, Corea del Sur, Malaisia, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwan y Tailandia; en Europa: Turquía; en Oriente Próximo y norte de África: Argelia, Bahrain, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Siria y Emiratos Árabes Unidos.

Amnistía Internacional ha conocido la imposición por este motivo de sentencias en 14 países y la consumación de ejecuciones en seis: China, Irán, Malaisia, Singapur, Taiwan y Nigeria, aunque en este último país la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas fue abolida en 1986.

No detiene

El informe de Al califica de falso el principal argumento utilizado por los abogados de la pena capital: que su uso serviría mejor que cualquier otra pena para disuadir a los delincuentes. Distintos informes elaborados en las últimas décadas muestran, según Al, que el índice de criminalidad no se ve afectado por el uso de la pena de muerte.

Informes de los últimos años muestran que ocurre igual en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En Irán, donde se han producido cientos de ejecuciones por este motivo desde 1959 -muchas de ellas durante el actual régimen-, el consumo de drogas sigue creciendo de forma alarmante. En Malaisia, país en el que la pena de muerte es obligatoria desde 1983 -ya era optativa desde 1975- por la posesión de más de 200 gramos de cannabis, 15 de heroína o 1.000 de opio, las estadísticas oficiales muestran que el número de adictos ha pasado de 79.000 en 1979 a 110.000 en junio de 1986.

Diversos estudios, señalados en el citado:informe de Al, indican que el consumo de drogas no se puede erradicar exclusivamente mediante el uso de la ley penal. Es un problema social que exige otras respuestas, indica Al, que señala además que los peces grandes del narcotráfico mundial casi nunca caen en la red legal, por lo que la pena de muerte no puede ser un factor de disuasión para ellos.