¿Corporativismo o profesionalidad?

Desde hace algo más de un mes se vienen repitiendo jornadas de huelga de los médicos hospitalarios, uno de cuyos convocantes es la Coordinadora de Médicos de Hospitales (CMH). Una huelga de médicos, además de ser una decisión poco popular y no bien comprendida, despierta siempre sospechas de corporativismo. Es probable que la historia de algunos colectivos mé4icos contribuya a mantener vigente dicha sospecha. Sin embargo, la situación actual, tanto por sus motivaciones como por su extensión, parece estar lejos de dichos planteamientos. El subgrupo de médicos hospitalarios ha tendido siempre a ...

Desde hace algo más de un mes se vienen repitiendo jornadas de huelga de los médicos hospitalarios, uno de cuyos convocantes es la Coordinadora de Médicos de Hospitales (CMH). Una huelga de médicos, además de ser una decisión poco popular y no bien comprendida, despierta siempre sospechas de corporativismo. Es probable que la historia de algunos colectivos mé4icos contribuya a mantener vigente dicha sospecha. Sin embargo, la situación actual, tanto por sus motivaciones como por su extensión, parece estar lejos de dichos planteamientos. El subgrupo de médicos hospitalarios ha tendido siempre a defender los esquemas de una sanidad pública eficaz y de calidad, lo que ha sido recogido en los postulados actuales de la citada coordinadora. Por ello, cuando casi un 90%. de este colectivo se pone en huelga en más de 100 hospitales del país, el calificativo de corporativismo debe ponerse en tela de juicio.Inversiones

Los motivos de la huelga se enmarcan en planteamientos profesionales que afectan más al ciudadano que recibe el servicio sanitario que a las personas que lo prestan. Las inversiones hospitalarias han descendido drástica mente en los últimos años, habiendo disminuido el presupuesto sanitario (tanto en porcentaje respecto al PIB, como en pesetas por ciudadano aportadas para la cobertura sanitaria por parte del Insalud) y simultáneamente haber aumentado la proporción presupuestaria de la medicina primaria, así como el número total de personas amparadas por la Seguridad Social. Se ha intenta do mejorar el estado de salud, en detrimento de una política eficaz contra el proceso de enfermedad, no habiéndose logrado el primer objetivo, pero sí un deterioro importante en la actividad asistencial habitual. Tan desfasados, cuando no inservibles, están el aparataje y la tecnología en los hospitales públicos, que una central sindical, cercana al partido en el Gobierno, evalúa en cientos de miles de millones la inversión necesaria para conseguir que dichos centros queden al nivel de la CEE. Reclamar una dotación de material con las suficientes garantías de seguridad para el ciudadano es una demanda estrictamente técnica y profesional, cuyo beneficio social queda lejos de cualquier hipótesis de corporativismo.

Otro pilar de las movilizaciones actuales es la propia organización y funcionamiento hospitalario. Tras haber anulado el Tribunal Supremo las órdenes del anterior ministro de Sanidad a este respecto, el proyecto de decreto sobre organización hospitalaria sigue insistiendo en aspectos cuya eficacia es más que dudosa. La implantación de un modelo gerencial y gerencialista, sin que los técnicos o profesionales participen en el diseño, gestión y fijación de las prioridades no es sólo un agravio profesional, sino también una medida reñida con la lógica y con la eficacia. Al igual que no nos imaginamos al gerente de una empresa periodística fijando las prioridades de las noticias o componiendo la primera página, resulta difícil pensar en un gerente de hospital decidiendo sobre la compra de un determinado aparataje basándose prioritariamente en su coste, en lugar de en sus especificaciones técnicas; del mismo modo resulta inapropiado que estructure un servicio de guardias sin considerar las necesidades reales o la calidad de las prestaciones. También resulta difícil aceptar que, tras acabar la carrera, ser residente durante cuatro o cinco años, manejar técnicas y procedimientos sofisticados durante otros muchos, un especialista pueda ser continuamente movilizado a diversos puestos y lugares de trabajo, incluso fuera de hospital, a discreción del gerente. Lógicamente nadie piensa en la impunidad del ejercicio profesional; dicha actividad debe estar sometida a todo tipo de controles de eficacia y calidad. Pero una cosa es la demanda de responsabilidades y otra muy distinta la carta blanca a la arbitrariedad de los gerentes. Siguiendo con los ejemplos, ¿sería lógico que un periodista experto en economía, tras muchos años de ejercicio en ese campo, pudiera ser trasladado a deportes o sucesos de -manera arbitraria por. el gestor económico de la empresa, en lugar de dejar esa decisión al equipo de redacción? Esta posibilidad plantearía problemas de profesionalidad en, sentido amplio. Sin embargo, todo esto puede ocurrir con el modelo de organización hospitalaria en vías de implantación.Otro de los aspectos del conflicto actual es el retributivo. Este tema siempre mueve a la opinión pública a desconfiar de cualquier colectivo de profesionales en huelga, sin tener en cuenta que los médicos hospitalarios son unos asalariados en el sentido estricto. Pero hay que tener en cuenta que cualquier profesional desea un salario digno y adecuado a la dedicación y responsabilidad del cargo que ejerce._ Que existan incompatibilidades parece justo y lógico, y la profesionalidad las hace imprescindibles. Pero lo que hay que preguntarse es ¿cuántos pluriempleos (muchas veces subempleos) de los médicos reflejan un vicio corporativo y cuántos responden a un estado de necesidad? A este respecto, citar algunas cifras puede ser suficiente para que el lector saque sus propias conclusiones.

Incentivaciones

El especialista hospitalario del que antes hablábamos, con responsabilidad absoluta sobre la salud de sus pacientes y sobre instrumentos y material valorado en muchos millones, percibe al mes un salario neto de 120.000 pesetas aproximadamente. El futuro no le depara más incentivación que los trienios. Este profesional, si hace guardias, cobra unas 750 pesetas netas por hora; por este suplemento se interviene de urgencia en festivos o a altas horas de la noche una peritonitis o un traumatismo craneoencefálico, o se atiende de forma ininterrumpida a los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos. No parece que las peticiones de aumento salarial reflejen intereses corporativistas; por el contrario, parecen imprescindibles para poder desarrollar un trabajo con dedicación y profesionalidad. Mientras no se den unas condiciones salariales adecuadas no será posible separar las conductas viciadas de los estados de necesidad, y los médicos somos los primeros interesados en que se den dichas condiciones para poder diferenciar, sin temor a equivocarnos, el grano de la paja.

Dentro del conflicto general, los médicos de la Fundación Jiménez Díaz, asumiendo los planteamientos, anteriores, estamos inmersos adicionalmente en otros problemas, derivados de la situación económica de nuestro centro. Como ya es sabido, se trata de un hospital de unas 800 camas, que realiza en tomo a un 90%. de su actividad asistencial con pacientes de la Seguridad Social, a través de un sistema de concierto económico. Además, desarrolla una amplia actividad docente e investigadora que ya han sido comeritadas por diversas personalidades y en diversos medios de comunicación, inclui,do este diario. En resumen,, se trata en más de un 90% de un hospital público, similar a cualquier otro de la red de la Seguridad Social.

El origen de los problemas de la fundación estriba no en las similitudes, sino en las diferencias con los centros públicos. Mientras en Insalud abona a la fundación unas 14.000 pesetas por cama ocupada al día, el coste en otros centros de Madrid regidos por el Insalud y con prestaciones de características similares oscila en tomo a las 30.000 pesetas por día.

Los médicos de la fundación nos hemos manifestado, en votación secreta, mayoritariamente partidarios de la integración del hospital en el Insalud, manteniendo su actual ubicación, con todas sus consecuencias, incluyendo la renuncia a cualquier peculiaridad de nuestro centro que pueda suponer un privilegio o agravio comparativo con otros hospitales públicos. Creemos firmemente que el conjunto de actividades asistenciales, docentes e investigadoras que son propias de nuestro centro sólo pueden llevarse a cabo dentro del sistema sanitario público actual.

Falta de camas

En Madrid todos los hospitales están saturados, las listas de espera son exageradamente largas y el índice de camas es inferior a todos los indicadores de la OMS y comparativamente casi la mitad de los existentes en los países de la CEE. En el contexto de este déficit no parece lógico que la apertura de nuevos centros se realice a costa de cerrar o trasladar otros. Trasladar un hospital de más de 800 camas (Fundación Jiménez Díaz) a otro de 500 (H. de Alcalá), supone perder 300 camas en la comunidad madrileña y 800 en la propia capital, y hablando cruda y llanamente, "desvestir a un santo para vestir a otro". Además, significa perder la capacidad ftincional del hospital, pues a nadie se le oculta que un traslado (hecho sin precedentes en nuestro país) supone varios años de rodaje hasta llegar a un rendinúento similar al previo, unido a la posibilidad muy real,de sufrir en la mudanza la pérdida de valiosos activos profesionales. La ubicación de La Concha, bien conocida por los usuarios de Madrid y del resto de España (más de 400.000 historias clínicas en su archivo central), con fácil comunicación con el centro de la ciudad y área metropolitana, no parece justificar hipótesis de;trabajo que incluyan el cierre de sus instalaciones, dado que nadie ha probado que se pueda'prescindir de las mismas sin afectar a la asistencia sanitaria de los madrileños. La sanidad pública necesita tanto de un nuevo hospital en Alcalá de Henares cómo de la incorporación de la Fundación Jiménez Díaz a la red hospitalaria pública. Ambos hechos no son excluyentes, pues coinciden en la intención de una mejor asistencia sanitaria a la población.

En apoyo a las mejoras profesionales en la sanidad hospitalaria pública, descritas anteriormente, y a la total integración de la Fundación Jiménez Díaz en dicho sistema, manteniendo su actual ubicación, los médicos de este centro hemos secundado mayoritariamente las últimas acciones reivindicativas, y previsiblemente lo haremos los últimos días de abril, salvo que alguna luz de esperanza alumbre el oscuro panorama actual de la sanidad hospitalaria y de nuestro propio centro.