El Gobierno facilitará la prórroga de los contratos temporales que venzan a partir de octubre próximo
Los contratos temporales u otros acogidos a medidas de fomento de empleo -cerca de millón y medio en 1986- podrán ser renovados a partir de octubre próximo, cuando empieza a vencer su plazo máximo de tres años y los afectados deberían pasar a la situación de fijos o quedar sin empleo. Éste es al menos el propósito revelado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chaves, que ayer expuso en el Congreso de los Diputados la política laboral del Gobierno y anunció la disposición de éste a refundir las normas sobre contratación y a orientar a la comisión consultiva de convenios colecti...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Los contratos temporales u otros acogidos a medidas de fomento de empleo -cerca de millón y medio en 1986- podrán ser renovados a partir de octubre próximo, cuando empieza a vencer su plazo máximo de tres años y los afectados deberían pasar a la situación de fijos o quedar sin empleo. Éste es al menos el propósito revelado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chaves, que ayer expuso en el Congreso de los Diputados la política laboral del Gobierno y anunció la disposición de éste a refundir las normas sobre contratación y a orientar a la comisión consultiva de convenios colectivos sobre las medidas de flexibilidad del mercado de trabajo que espera adopten sindicatos y patronal.
Por las normas sobre contratos temporales -de seis meses a tres años-, implantadas por decreto en octubre de 1984, los trabajadores implicados deben convertirse en fijos al cabo de tres años o quedar sin trabajo. El interrogante de qué pasará desde octubre próximo lo suscitó AP en la comisión de Asuntos Sociales y de Empleo, sin obtener respuesta del ministro, quien luego declaró a un grupo de periodistas que el Gobierno afrontará el problema con la prórroga de aquella disposición o con nuevas medidas de fomento de empleo.Chaves, quien también eludió contestar con anuncios concretos a las preguntas formuladas por cuatro grupos de oposición (AP, Minoría Catalana, PNV e Izquierda Unida), reiteró sus palabras para dejar claros dos mensajes:
Primero: las medidas consideradas necesarias para flexibilizar el mercado de trabajo deben ser negociadas por sindicatos y patronal en el marco de los convenios colectivos, aunque el Gobierno piensa orientar a ambas partes a través de la comisión consultiva nacional de convenios.
Segundo: el Ejecutivo tiene la voluntad de dialogar sobre la reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, la reforma del sistema de financiación de ésta o cualquier otra reforma, aunque siempre dirigirá sus proyectos a "mantener el nivel de protección alcanzado por el conjunto de los trabajadores o a mejorar de forma paulatina dicho nivel".
El ministro insistió en que el Gobierno no tiene previsto modificar el Estatuto de los Trabajadores y no va a modificar norma alguna para suprimir la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo.Regulación flexible
Tras calificar la regulación la boral española de "flexible, es table y equiparable a toda la existente en la CE", dijo que "la única medida en este campo será refundir las normas sobre modalidades de contratación y divulgarlas, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas".
Sin embargo, matizó que "el Estatuto de los Trabajadores no es obstáculo para eliminar las rigideces del mercado de trabajo". Identificó las "medidas de mejora" con modificar la estructura salarial, los sueldos de entrada al mercado, la movilidad funcional y geográfica, la ordenación del tiempo de trabajo y su distribución.
Para ello, apuntó que las ordenanzas laborales y los reglamentos de trabajo, de origen paternalista, deben ser sustituidos paulatinamente a través de la negociación, siguiendo experiencias como el convenio de la industria química y el que se pueda firmar en el metal. El Gobierno quiere limitarse a indicar a las partes "los caminos necesarios" mediante los documentos que entregará a la comisión consultiva de convenios.
Sobre la reforma financiera de la Seguridad Social, Manuel Chaves dijo que el problema de los costes laborales no es el único ni el más importante para la competitividad de las empresas. Citó en concreto los de "tamaño, diseño, gestión, estructura financiera, nuevas tecnologías y organización del trabajo".
El ministro reiteró que el Gobierno tiene voluntad de dialogar con los empresarios y "a corto plazo podemos acordar alguna de las medidas en este campo". Después declaró a los periodistas que sigue en estudio una rebaja de las cotizaciones compensada por el IVA o por cualquier otra forma de ingresos que permita aumentar más la aportación del Estado a una Seguridad Social "de carácter público".
También dijo ante el Congreso que en 1988 se creará un sistema no contributivo de pensiones para los hoy acogidos a las asistenciales, los minusválidos y otros colectivos que no puedan contribuir; que no es intención del Gobierno imponer unilateralmente los planes de reconversión, sujetos a medidas de protección social mayores a las de cualquier otro país; que el proyecto de ley sobre la huelga será consultado con los sindicatos antes de pasar a la aprobación del Ejecutivo, y que la formación profesional seguirá orientada al objetivo de que la impartan las empresas.
Desciende el paro
El ministro se mostró optimista sobre la evolución del paro registrado en marzo. Aunque las cifras tardarán en ser publicadas varios días por su departamento, dijo que, "con todas las cautelas", espera una disminución, sobre todo debido al aumento de contratos temporales propios de estas fechas en los sectores más estacionales.
Las cifras de paro, decrecientes mes a mes desde la primavera hasta después del verano de 1986, aumentaron después con mayor intensidad hasta finales de febrero.
En toda la Comunidad Europea, las demandas de empleo descendieron un 0,8% en febrero, desde 17,1 a 16,9 milllones de personas, pese a que se incrementaron en España (0,5%), Italia (0,2%) y Luxemburgo (4,8%).