TRIBUNALES

Existe corrupción en los juzgados, aunque no está generalizada, según Pedrol Rius

Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de la Abogacía y del Colegio de Abogados de Madrid, considera "innegable la existencia de corrupciones" entre los funcionarios judiciales, y se muestra partidario de su investigación y sanción, aunque cree que no deben hacerse imputaciones generalizadas a funcionarios que realizan más trabajos de los que les corresponden.

Pedrol informa que el pasado 20 de enero, antes de que se celebraran las jornadas sobre la corrupción organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, la junta de gobierno del co...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de la Abogacía y del Colegio de Abogados de Madrid, considera "innegable la existencia de corrupciones" entre los funcionarios judiciales, y se muestra partidario de su investigación y sanción, aunque cree que no deben hacerse imputaciones generalizadas a funcionarios que realizan más trabajos de los que les corresponden.

Pedrol informa que el pasado 20 de enero, antes de que se celebraran las jornadas sobre la corrupción organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, la junta de gobierno del colegio "acordó", dice, "dirigirse a los colegiados -como se ha hecho a través de nuestro boletín informativo- indicándoles que se opusieran al pago de cantidades indebidas y recibos judiciales no extendidos conforme a derecho". Asimismo, recuerda que representantes del Consejo General participaron en las jornadas sobre la corrupción.

Sobre la erradicación de las corruptelas económicas de los juzgados, Pedrol afirma: "Es innegable la existencia de corrupciones, que merecen ser investigadas y sancionadas, de acuerdo con las pruebas recogidas y con análogo criterio al que se aplicaría a cualquier otra conducta reprochable, sin que las actuaciones que se realicen en este sentido puedan ser interpretadas como una imputación generalizada a los componentes de un cuerpo de funcionarios, donde las conductas incorrectas revisten carácter excepcional".

Pedrol estima que "sería justo reconocer que los funcionarios de ese cuerpo realizan satisfactoriamente un trabajo muchas veces superior al que les atribuye la distribución de funciones".

Archivado En