Cartas al director

Contable en la Armada

Con respecto a la información de EL PAIS (1 de marzo) en la que se indica que la estafa a la Armada cometida por el teniente coronel Carlos Calvete fue posible en razón de un sistema anticuado de contabilidad y una ausencia de control en la ordenación de pagos, cabe señalar lo siguiente, en mi opinión:

1. El plan general de contabilidad pública es aplicable al Estado, es decir, a todos los capítulos que se integran en el presupuesto de la Administración central, desde el 1 de enero de 1982. La nueva versión del plan citado fue aprobada por resolución de 11 de octubre de 1983 (BOE...

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Con respecto a la información de EL PAIS (1 de marzo) en la que se indica que la estafa a la Armada cometida por el teniente coronel Carlos Calvete fue posible en razón de un sistema anticuado de contabilidad y una ausencia de control en la ordenación de pagos, cabe señalar lo siguiente, en mi opinión:

1. El plan general de contabilidad pública es aplicable al Estado, es decir, a todos los capítulos que se integran en el presupuesto de la Administración central, desde el 1 de enero de 1982. La nueva versión del plan citado fue aprobada por resolución de 11 de octubre de 1983 (BOE, 19 de enero de 1984). Por consiguiente, no cabe hablar en teoría de un sistema anticuado de contabilidad, como el que actualmente practican las corporaciones locales.

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2. Con toda probabilidad, la aplicación del Real Decreto 324/ 1986, de 10 de febrero, publicado en el BOE del día 18 de igual mes, en su artículo 10, habrá hecho posible el descubrimiento de la estafa, puesto que el giro directo contra los créditos presupuestados por parte del ordenador de pagos correspondiente queda reducido a una mera propuesta ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda.

En mi criterio, quien o quienes les hayan facilitado a usted o ustedes semejante desinformación deben supo ner que los receptores de la misma van a morder el anzuelo. Como no es así, estimo que tienen perfecto derecho a mostrar su disconformidad y a que se publiquen las icartas, puesto que el tema no es precisamente de seguridad nacional.-

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