Ninguna víctima presenta acusación particular contra el violador de Córdoba

Ninguna de las presuntas víctimas del llamado violador de los ascensores se presentó ayer como acusación particular en la vista contra Eduardo Perea Pérez que se vio en la Audiencia Provincial de Córdoba. La fiscalía, en sus conclusiones provisionales, pide una pena de más de 76 años de cárcel para el acusado como presunto autor de dos delitos de violación, tres de abusos deshonestos consumados y varios de abusos deshonestos en grado de tentativa. La defensa solicitó para su cliente la pena de dos años, ocho meses y 21 días. Grupos de feministas se manifestaron ante la Audiencia. La vista se c...

Ninguna de las presuntas víctimas del llamado violador de los ascensores se presentó ayer como acusación particular en la vista contra Eduardo Perea Pérez que se vio en la Audiencia Provincial de Córdoba. La fiscalía, en sus conclusiones provisionales, pide una pena de más de 76 años de cárcel para el acusado como presunto autor de dos delitos de violación, tres de abusos deshonestos consumados y varios de abusos deshonestos en grado de tentativa. La defensa solicitó para su cliente la pena de dos años, ocho meses y 21 días. Grupos de feministas se manifestaron ante la Audiencia. La vista se celebró a puerta cerrada.

Eduardo Perea Pérez, de 29 años de edad y de profesión confitero, comenzó a cometer sus delitos -tal y como se recoge en sus declaraciones efectuadas en el Juzgado de Instrucción número 1- el 26 de noviembre de 1985. Así actuaría de forma intermitente hasta el 4 de abril de 1986, día en que fue detenido en su propio lugar de trabajo, una céntrica confitería cordobesa.El juicio contra Eduardo Perea Pérez, conocido en la ciudad como el violador de los ascensores, por haber utilizado éstos como lugar para cometer los delitos de los que se le acusa, se celebró a puerta cerrada, en medio de grandes dispositivos de seguridad para evitar el acceso al palacio de justicia tanto de curiosos como de periodistas y feministas que permanecieron en los alrededores durante la celebración de la vista.

El fiscal, Narciso Ariza, dijo que la negativa de las víctimas a personarse como acusación particular puede significar que las agredidas confían en su actuación. Familiares de las víctimas han manifestado que varias de las mujeres violentadas no habían presentado denuncia alguna hasta que no se dio a conocer que el presunto violador había sido detenido.

La clase social de las agredidas -el violador actuó casi siempre en el centro de la ciudad- podría explicar, en opinión de fuentes jurídicas, la renuncia a la acusación particular de las víctimas al objeto de pasar inadvertidas.

Medio centenar de feministas, pertenecientes a la Asamblea de Mujeres de Córdoba y a la Secretaría de la Mujer de CC OO, permanecieron durante la vista en los alrededores del palacio de justicia, donde desplegaron pancartas y profirieron gritos en contra del presunto violador. Las feministas, que durante los días anteriores al juicio han realizado una intensa campaña de propaganda, insistieron en que la comisión de delitos de violación no se debe a una enfermedad -tal y como plantea la defensa- y que estos actos deben ser considerados como delitos sociales. Igualmente solicitan para todos los violadores juicios Populares.

En la sesión de la mañana declararon testigos y peritos. Por la tarde la vista continuó con la lectura de los informes del fiscal, Narciso Ariza, y del abogado defensor, José María Sánchez de Puerta.

Tensión

Tras la interrupción del juicio, un furgón de la Policía Nacional salió de las cocheras del palacio de justicia.Varias componentes de la Asamblea de Mujeres de Córdoba se sentaron en la calzada para impedir que avanzase, ya que suponían que en su interior se encontraba el presunto violador. La policía que vigilaba la Audiencia hubo de actuar contra estas mujeres para despejar la calzada, por lo que se registraron unos momentos de gran tensión.