La finca 'La Almoraima' quedará definitivamente en el sector público

El Consejo de Ministros sancionará hoy la Incorporación a la cartera del Estado del capital social de las empresas agrícolas expropiadas del grupo Rumasa, entre las cuales se encuentra la finca La Almoraima, considerada como el mayor latifundio de España, con 14.130 hectáreas. Dichas empresas son la ya citada La Almoraima SA, Aquaterra SA, Explotaciones Agrícolas Andaluzas SA, Viñedos Españoles SA, y Propecsastur, SA.Dentro del mismo paquete de medidas, el Gobierno aprobará el pase de la titularidad de las empresas agrícolas no expropiadas, es decir, las que aparecieron con posteriorida...

El Consejo de Ministros sancionará hoy la Incorporación a la cartera del Estado del capital social de las empresas agrícolas expropiadas del grupo Rumasa, entre las cuales se encuentra la finca La Almoraima, considerada como el mayor latifundio de España, con 14.130 hectáreas. Dichas empresas son la ya citada La Almoraima SA, Aquaterra SA, Explotaciones Agrícolas Andaluzas SA, Viñedos Españoles SA, y Propecsastur, SA.Dentro del mismo paquete de medidas, el Gobierno aprobará el pase de la titularidad de las empresas agrícolas no expropiadas, es decir, las que aparecieron con posterioridad al decreto de expropiación de Rumasa, a la Dirección General del Patrimonio. Se trata de las sociedades Almacenes Núñez, Alcoholes Núñez, Diago y Mopa. También se adoptarán un conjunto de medidas para el saneamiento del grupo Rumasa.

Como ya anunciara días atrás el Ministro de Agricultura, Carlos Romero, durante una recíente visita a Andalucía, la finca La Almoraima se convertirá en una sociedad pública cuya gestión será encomendada al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), organismo que ya gestiona actualmente la sociedad.

No a la Junta de Andalucía

La decisión del Gobierno de transferir al ICONA o a otro organismo público, la propiedad de la finca La Almoraima, supone un duro golpe a las aspiraciones de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que, desde que se produjo la expropiación del holding Rumasa, ha intentado negociar con la Administración central su cesión para instalar cooperativas agrarias, que incluyeran a los 143 trabajadores fijos que componen la plantilla de la explotación, informa José Luis Carrizosa desde Sevilla.El consejero de Agricultura del Gobierno regional, Miguel Manaute, que ayer se negó a hacer cualquier tipo de declaración al respecto hasta conocer el contenido concreto del acuerdo que adopte el Consejo de Ministros, no ha ocultado en ningún momento la importancia que su departamento concedía a la finca La Almoraima dentro de los planes de reforma agraria del Gobierno andaluz. El objetivo de la Junta era que la propiedad de La Almoraima fuese cedida al Instituto Andaluz de Reforma Agraria (LARA).

Durante las pasadas Navidades, el ministro de Agricultura, Carlos Romero -que pasó unos días de vacaciones en la finca-, descartó cualquier intento de reprivatización de la finca, y anunció la inminente cesión de la propiedad del Ministerio de Economía y hacienda al de Agricultura. En sus declaraciones, Romero dejó abierta la posibilidad de que "otros organismos" puedieran acceder también a la gestión de la finca.