La Generalitat adjudicó irregularmente a una empresa construcciones por 700 millones

La Generalitat valenciana incumplió la normativa legal al aplicar el porcentaje de fianzas a una empresa a la que adjudicó por la vía de reconocida urgencia cuatro proyectos para construir centros escolares por un coste superior a 700 millones de pesetas, según la Sindicatura de Cuentas. El conseller de Economía y Hacienda, Antoni Birlanga, del PSOE, manifestó ayer que en las cuentas de la Generalitat "no existe ninguna irregularidad ni ilegalidad".

El informe fiscalizador de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio económico de 1985 señala al respecto de la adjudicación de cuatro o...

La Generalitat valenciana incumplió la normativa legal al aplicar el porcentaje de fianzas a una empresa a la que adjudicó por la vía de reconocida urgencia cuatro proyectos para construir centros escolares por un coste superior a 700 millones de pesetas, según la Sindicatura de Cuentas. El conseller de Economía y Hacienda, Antoni Birlanga, del PSOE, manifestó ayer que en las cuentas de la Generalitat "no existe ninguna irregularidad ni ilegalidad".

El informe fiscalizador de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio económico de 1985 señala al respecto de la adjudicación de cuatro obras de centros escolares: "En algunos casos, las fianzas son depositadas por el 4% sobre el presupuesto de adjudicación, cuando, de acuerdo con la normativa vigente, habría de ser calculado sobre el presupuesto de salida a subasta, que siempre es igual o superior a aquél. Estos hechos podrían ocasionar perjuicio para la Administración y, en cualquier caso, están en contra de la normativa aplicable".La presunta irregularidad en que incurre el Consell se refiere a la construcción, el año pasado, de cuatro centros escolares, dos en Valencia y otros dos en Elche (Alicante), "por importes superiores a 50 millones de pesetas", señala la Sindicatura. Este periódico comprobó ayer que los cuatro expedientes en cuestión alcanzan una cifra superior a 700 millones de pesetas. Los dos centros de Valencia estaban presupuestados en 245.630.421 pesetas y 94.750.000 pesetas, respectivamente. Por lo que se refiere a los dos colegios de Elche, construidos igualmente por la vía de "reconocida urgencia", sus presupuestos alcanzaban 234.800.000 pesetas y 130.800.000 pesetas, respectivamente.

Los cuatro proyectos fueron adjudicados a una misma empresa, Construcciones San José, SA, aunque en todos los casos fueron presentadas tres ofertas. Carlos Fernández, del departamento de Programas e Inversiones de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat, manifestó ayer que sólo existen cuatro empresas "capaces de ejecutar obras de esta envergadura en cuatro meses, plazo necesario para suplir el grave déficit de escolarización existente en las zonas donde se han ubicado estos centros".

Carácter social

También afirma que la Sindicatura "ha calculado el precio por unidad escolar según el presupuesto". "Un centro", afirma, "depende de qué tipo de cimentación tenga, puede hacer variar considerablemente las previsiones iniciales sobre su coste". Fernández reconoció que la calificación de "reconocida urgencia" encarece el proyecto, si bien se eliminan o reducen posteriores revisiones de precios y costes adicionales. En favor de este sistema de contratación alegó el carácter social y la urgencia de escolarización.La Sindicatura de Cuentas señala que, de acuerdo con los informes técnicos, el coste de dos de los cuatro proyectos "excede en un 20% o un 30%, respectivamente, el de una construcción normal", aunque no precisa a cuáles se refiere. También subraya que los archivos de expedientes de contratación no están ordenados de manera sistemática, "lo cual dificulta la revisión y búsqueda de documentos, y facilita la posible pérdida de alguno de ellos. Así, en repetidas ocasiones, no hemos podido localizar alguno de los documentos que han de ser parte integrante del expediente de contratación".

Ante las críticas que ha recibido el Consell, integrado por socialistas, especialmente por parte del Grupo Popular de las Cortes valencianas, el conseller de Economía y Hacienda, Antoni Birlanga, manifestó ayer que el informe de la Sindicatura "apunta algunos defectos, sobre todo en orden a su corrección en el futuro", y señala que no existe "ilegalidad ni irregularidad económica ni contable".

Birlanga dijo que el Grupo Popular, que habló de malversación y apropiación indebida, ha pecado de "irresponsabilidad política y desconocimiento de estos temas" y que si mantiene sus acusaciones "daría lugar a la presentación de querella por calumnias".