La angustia cunde entre los 200.000 afectados por el sismo salvadoreño
Los 200.000 salvadoreños que perdieron su hogar en el terremoto que hace un mes azotó la capital de este país centroamericano comienzan a mostrar su angustia ante la incertidumbre de no saber con qué recursos volverán a construir sus hogares. El sismo, que causó cerca de 1.300 muertos, destruyó gran parte de San Salvador, que hoy visitará la reina Sofía de España. Aún no ha comenzado la demolición de ninguno de los edificios seriamente dañados, pero ello no impide que, justo enfrente de las moles de cemento inclinadas y a punto de caer, los vendedores ambulantes instalen diariamente su mer...
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Los 200.000 salvadoreños que perdieron su hogar en el terremoto que hace un mes azotó la capital de este país centroamericano comienzan a mostrar su angustia ante la incertidumbre de no saber con qué recursos volverán a construir sus hogares. El sismo, que causó cerca de 1.300 muertos, destruyó gran parte de San Salvador, que hoy visitará la reina Sofía de España. Aún no ha comenzado la demolición de ninguno de los edificios seriamente dañados, pero ello no impide que, justo enfrente de las moles de cemento inclinadas y a punto de caer, los vendedores ambulantes instalen diariamente su mercancíaEl Gobierno ha calculado los daños en 2.000 millones de dólares (268.000 millones de pesetas), lo que incluye 40.000 viviendas destruidas, el 75% de los edificios gubernamentales seriamente deteriorados y 80 kilómetros de tuberías de agua potable en situación ruinosa.
De momento, la burocracia estatal funciona pendiente de un hilo. Ningún edificio del Gobierno está siendo utilizado y los ministerios y demás oficinas del Estado atienden al público en casas alquiladas desparramadas por los más increíbles e inhóspitos puntos de la capital. Obtener un certificado, un pasaporte o un simple permiso para exportación es tarea de titanes, pues nadie sabe dónde se ubica la respectiva dependencia. Para agravar la situación, muchos teléfonos tampoco funcionan.
Ante el problema de la reconstrucción de viviendas, que no sólo implica encontrar quién dé el dinero para los materiales y la mano de obra, sino antes resolver la forma de la propiedad urbana, ha sido únicamente la Iglesia católica la que ha marcado una pauta. El arzobispo Arturo Rivera y Damas ha dicho que sólo expropiando se puede solucionar el problema.
El Gobierno ha evitado esta alternativa. Soportando presiones de la poderosa clase empresarial y de los restantes sectores conservadores del pais -que por principio se oponen a cualquier clase de reforma de la propiedad-, pretende fundar nuevos núcleos habitaclonales en terrenos que ya poseía en las afueras de la capital.