Las rebajas de noviembre

FINALMENTE, EL Gobierno ha terminado de cavilar sobre la rebaja o no de las gasolinas. Tras consumir tres semanas de indeterminaciones, el Consejo de Ministros redujo ayer, en diferentes porcentajes, los precios de los productos derivados del petróleo. Bien puede decirse que la medida parece haberla adoptado el Gobierno a su pesar y cuando la presión de las circunstancias no le han permitido otra opción. El crecimiento de la inflación y la pérdida de competitividad de los productos españoles en el extranjero, en parte debido a los precios nacionales más altos de la energía, han sido las dos va...

FINALMENTE, EL Gobierno ha terminado de cavilar sobre la rebaja o no de las gasolinas. Tras consumir tres semanas de indeterminaciones, el Consejo de Ministros redujo ayer, en diferentes porcentajes, los precios de los productos derivados del petróleo. Bien puede decirse que la medida parece haberla adoptado el Gobierno a su pesar y cuando la presión de las circunstancias no le han permitido otra opción. El crecimiento de la inflación y la pérdida de competitividad de los productos españoles en el extranjero, en parte debido a los precios nacionales más altos de la energía, han sido las dos variables determinantes.En el período de abaratamiento de los crudos en los mercados internacionales, el Gobierno ha sido cicatero en repercutir ese regalo sobre empresas y consumidores. Preocupado por reducir el déficit público desde algo más del 6% del producto interior bruto (PIB) hasta el 4,5% (similar a la media de la CE), la autoridad económica no trasladó esos beneficios, y obtuvo uno s ingresos fiscales suplementarios tan sustanciosos que este año pueden proporcionar una recaudación fiscal por carburantes evaluada extraoficialmente en unos 800.000 millones de pesetas, 325.000 millones más de los presupuestados para este año.

Esta cifra equivale al 1 % del PIB, lo que supone que, gracias exclusivamente a la aportación propiciada por la caída de la cotización del crudo y del dólar, el déficit público se reducirá en un punto. Notable obsequio, en fin, de la coyuntura internacional que permite al Gobierno mantener la meta de aminorar el déficit hasta el 4,5% del PIB, imposible de lograr sin ese apoyo. La obvia contrapartida de este beneficio presupuestario es que la presión fiscal sobre la economía se ha incrementado subrepticiamente en un punto. Con ello -manteniendo altos los precios de los carburantes- se ha favorecido la inflación y se ha reducido la competitividad exterior. En términos generales, el precio del fuel en España era alrededor de un 40% más caro que en el resto de Europa, y ahora, a pesar de la rebaja, costará todavía un 20% más. Es pues especialmente este carburante el que reclamaba una rebaja urgente.

Otro asunto es el que se refiere a los abaratamientos de la gasolina, el butano y parte del gas, que afectan directamente al consumidor. Aunque la disminución de precios se produce, como en otras ocasiones, en vísperas de elecciones, no puede atribuírsele ahora una motivación política directa. Más bien es el brinco inflacionario frente a Europa -consecuencia sobre todo de la subida en los precios alimentarios- y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) lo que hace recurrir a esta rebaja. Por efectos inmediatos se espera que el aprobado descenso en los carburantes se traduzca en un alivio de tres a cuatro décimas en la inflación del año. A este recorte habrá que sumar el del efecto inducido sobre otros productos.

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, había declarado que la reducción del precio de la gasolina sería un arma de utilización extrema contra las tensiones inflacionistas, y, en coherencia con ello, pensaba que la bajada se autorizaría sólo en diciembre, con el doble motivo de aminorar el impacto negativo en el volumen de ingresos fiscales y para contrarrestar el fuerte aumento del índice de precios al Consumo (IPC) que es habitual en ese mes.

La coyuntura inflacionista, sin embargo, ha prevalecido sobre la voluntad del ministro. Aparte de que los precios no se muestren dóciles en noviembre, lo cierto es que mientras en España se padece una inflación cifrable en torno al 9%, los otros países de la CE se encuentra en una media del 3%. El diferencial, por tanto, sigue conservándose igual que hace un año, cuando uno de los objetivos apremiantes era achicarlo. De paso, cabe preguntarse sobre la bondad de una política económica que, fijándose como objetivo primario desde 1982 disminuir los precios, sigue todavía tan penosamente atareada en ello.

Finalmente, es conveniente observar la gran diferencia de los porcentajes que se han autorizado para las reducciones. Las gasolinas, con mayor impacto en los ingresos fiscales por carburantes, tan sólo han bajado un 4,9%, mientras que otros productos, como el fuel número 1, lo han hecho en un 19%, y los gases para usos domésticos y comerciales, en un 15%. Esta última medida, en relación al gas, puede relacionarse con el interés por promocionar su consumo atendiendo al contrato de abastecimiento recientemente suscrito con Argelia. En general, la decisión puede tenerse por racional, pero es inevitable considerar de nuevo la cicatería en la disminución de los precios de los fueles, cuya reducción llega con retraso y es corta para igualar los costes energéticos que disfruta la mayoría de los competidores de la Comunidad Europea.