El fiscal pide 38 años de cárcel para cinco 'ultras' valencianos

Cinco jóvenes de ideología ultraderechista fueron juzgados ayer en la Audiencia de Valencia por dos delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de sustancias explosivas. El fiscal les considera responsables de haber traficado con un subfusil zeta marca Star y de poseer cuatro cartuchos de trilita, de 500 gramos cada uno, robados en instalaciones militares. El ministerio público solicita penas que suman 38 años de cárcel.Los cinco implicados son Alfredo Juan Arlegui Cacho, de 32 años; Juan Pedro Gómez Ferrer, de 26; José Luis Sánchez Rodríguez, de 19; José Ignacio Llonch Puig, de 2...

Cinco jóvenes de ideología ultraderechista fueron juzgados ayer en la Audiencia de Valencia por dos delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de sustancias explosivas. El fiscal les considera responsables de haber traficado con un subfusil zeta marca Star y de poseer cuatro cartuchos de trilita, de 500 gramos cada uno, robados en instalaciones militares. El ministerio público solicita penas que suman 38 años de cárcel.Los cinco implicados son Alfredo Juan Arlegui Cacho, de 32 años; Juan Pedro Gómez Ferrer, de 26; José Luis Sánchez Rodríguez, de 19; José Ignacio Llonch Puig, de 23; y Rafael Salvador Pérez Payá, de 22, que fueron detenidos por la policía valenciana en diciembre de 1980 y presentados entonces como miembros de un grupo ultra que pretendía llevar a cabo acciones violentas de carácter involucionista.

Los hechos, según el fiscal, comenzaron en marzo de 1980, cuando un joven que cumplía su servicio militar en el campamento de Las Salinas de Manuel robó una metralleta zeta, que quiso vender en Valencia a Arlegui Cacho. Éste, finalmente, hizo de intermediario entre aquél y Pedro Navarro, de 30 años, que adquirió el arma sustraída por 40.000 pesetas. El subfusil fue posteriormente utilizado por otras personas en la comisión de varios atracos.

El soldado citado sustrajo también cuatro cartuchos de trilita de 500 gramos usados para minas anticarros. Siempre según la versión del fiscal, también esta vez fue Arlegui Cacho el intermediario de la venta del material explosivo a Sánchez Rodríguez, conocido como Varicelo, Llonch Puig y Gómez Ferrer, que lo entregó a Pérez Payá, en cuyo poder lo encontró la policía.