El juez levanta las fianzas civiles a los empresarios del fraude a la Seguridad Social
El juez instructor Germán Gambón ha decidido levantar las fianzas por responsabilidad civil a los empresarios catalanes procesados por el fraude a la Seguridad Social, descubierto hace tres años y medio en Barcelona. Comisiones Obreras ha presentado recurso de reforma ante esta disposición porque sólo los titulares de 26 de las 142 empresas implicadas han cubierto la totalidad de sus responsabilidades. Todavía quedan por satisfacer 3.400 millones depesetas de los casi 4.000 defraudados.
El titular del Juzgado número 2 de Instrucción de Barcelona argumenta en su auto que está convencido ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juez instructor Germán Gambón ha decidido levantar las fianzas por responsabilidad civil a los empresarios catalanes procesados por el fraude a la Seguridad Social, descubierto hace tres años y medio en Barcelona. Comisiones Obreras ha presentado recurso de reforma ante esta disposición porque sólo los titulares de 26 de las 142 empresas implicadas han cubierto la totalidad de sus responsabilidades. Todavía quedan por satisfacer 3.400 millones depesetas de los casi 4.000 defraudados.
El titular del Juzgado número 2 de Instrucción de Barcelona argumenta en su auto que está convencido de que, de haber existido, como ha dado por supuesto, "una intención fraudulenta encaminada a disminuir créditos de la Seguridad Social frente a las empresas" no se ha producido según su criterio "una disminución patrimonial efectiva en perjuicio material de dicha institución ni, en general, de nadie". El juez se basa en que tras el requerimiento "que se presume disminuido" -en un 40% o 50% aproximadamente- ha habido un acta complementaria levantada por la inspección tras descubrirse el fraude que ha permitido restituir la cantidad que debían abonar a la Seguridad Social.Según esta argumentación del magistrado no se ha producido finalmente ningún recorte de la deuda y, por tanto, "es justo y obligado dejar sin efecto la exigencia de fianzas para cubrir las responsabilidades civiles" a las empresas implicadas aunque obligando a un depósito de 100.000 pesetas por posibles costas.
No opina igual el abogado Joan Coscubiela, que ha recurrido en nombre de CC OO, por considerar que sólo se ha devuelto a las arcas de la Seguridad Social la sexta parte de lo defraudado.
El letrado señala que la afirmación del magistrado de que "en ningún caso de ha. producido una disminución patrimonial efectiva" carece totalmente de fundamento.
El abogado considera que al acogerse a los requerimientos disminuidos se pretendía aparecer como deudor de la Seguridad Social por cuantías reducidas en un 40% o 50% de la deuda real. Ello suponía, una vez remitido el requerimiento a la vía de apremio por la Magistratura Especial, que ésta iniciaba el trámite de ejecución o pago aplazado no de la deuda real, sino de la disminuida.
Requerimientos
Además, la Magistratura especial procedía a anular y a dejar sin efecto los requerimientos debidamente efectuados por la Tesorería General de la Seguridad Social en beneficio de los requerimientos irregulares levantados por los inspectores de la ODIT (Ramon Ballesteros y el ex subdelegado de Trabajo Graciniano Gómez Catón).Con todo, a 31 de agosto de 1986, casi tres años después de levantar las actas complementarias por un importe de 3.985.929.648 pesetas, sólo se había abonado por parte de las empresas implicadas un total de 582.265.675 pesetas. únicamente 26 de 142 industrias se ha puesto al corriente de su deuda.
El abogado del Estado es Juan José Folchi, hombre del PDP y que se rumorea podría sustituir a Josep María Cullell en el Departamento de Finanzas de la Generalitat, no ha recurrido el auto del juez.
Un segundo elemento se deduce del auto del juez Gambón: su intención de cerrar el sumario por el fraude al Seguro en un plazo de dos meses durante el cual podrán pedir nuevas pruebas por lo que solicita a las partes que "acrediten su buena fe procesal y tengan presente las dificultades que entraña la magnitud del sumario y la escasez de medios del juzgado".
En total, los tres años y medio de instrucción del sumario se resumen en una voluminosa biblioteca de 190 tomos que puede resultar de complicado enjuiciamiento. Durante este tiempo se han registrado cinco cambios en la titularidad del juzgado y dos fiscales distintos.