Editorial:

La reforma 'superstar'

APROBADA POR las cámaras, la reforma fiscal norteamericana aguarda la firma del presidente para entrar en vigor, lo cual se producirá, previsiblemente, dentro de unos pocos días, cuando se incorporen algunas enmiendas de carácter técnico. Comenzará entonces una etapa que va a modificar profundamente la vida económica de Estados Unidos.Los rasgos esenciales de la reforma consisten en la abolición de los 14 tramos de la escala progresiva actual y su sustitución por dos tarifas básicas (15% y 28%) y en la supresión de casi todas las desgravaciones. También se modifica el impuesto de sociedades, r...

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APROBADA POR las cámaras, la reforma fiscal norteamericana aguarda la firma del presidente para entrar en vigor, lo cual se producirá, previsiblemente, dentro de unos pocos días, cuando se incorporen algunas enmiendas de carácter técnico. Comenzará entonces una etapa que va a modificar profundamente la vida económica de Estados Unidos.Los rasgos esenciales de la reforma consisten en la abolición de los 14 tramos de la escala progresiva actual y su sustitución por dos tarifas básicas (15% y 28%) y en la supresión de casi todas las desgravaciones. También se modifica el impuesto de sociedades, reduciendo la tarifa y suprimiendo todas las desgravaciones, incluida la del 6% para las nuevas inversiones. La reforma es, pues, sustancial, y sus efectos serán duraderos, ya que afectan a casi todas las decisiones cotidianas de los norteamericanos. Por ejemplo, a partir del 1 de enero no podrán deducirse los intereses pagados por la adquisición a crédito de bienes de consumo, lo cual afecta, entre otras muchas cosas, a los automóviles, que la mayoría de los norteamericanos compran a crédito. También afectará a las instituciones financieras, al devolver a los tipos de interés un protagonismo mayor en las decisiones de endeudamiento. Y afectará al volumen de inversiones de capital norteamericano en el extranjero, y concretamente en Europa, que pueden verse beneficiadas.

Todas estas modificaciones permiten plantear la cuestión central de quiénes se benefician y quiénes salen perjudicados por la reforma. Según los numerosos estudios que se han realizado sobre este punto, los principales beneficiarios de la reforma son los pobres y los ricos: ambas categorías pagarán menos impuestos. La clase media se quedará prácticamente como estaba hasta ahora. También pagarán más las empresas, a pesar de la disminución de la tarifa, como consecuencia de la supresión de las desgravaciones. Sin embargo, todo el mundo saldrá ganando por la sencillez del nuevo impuesto. Cualquier ciudadano podrá rellenar, sin ayuda de nadie, su declaración de la renta, con lo cual, quienes sufrirán las primeras consecuencias de la nueva ley serán las legiones de asesores fiscales que pueblan Estados Unidos. Para el Estado, y a medio plazo, la mayoría de los analistas coinciden en afirmar que la reforma será neutra, puesto que la disminución de ingresos que va a procurar la reducción de tarifas se verá compensada por el aumento de la recaudación debido a la supresión de la maraña de desgravaciones actuales. También existe un acuerdo casi general para pronosticar, a medio plazo, unos efectos benéficos sobre la inversión, pues la reducción de la tarifa para las rentas elevadas debería favorecer el ahorro.

La discusión de la reforma ha durado más de dos años. El problema fundamental que ha planteado, y que plantea, es el de la equidad. El paso de los años y la tradición socialdemócrata europea han inscrito firmemente en el subconsciente colectivo que el impuesto sobre la renta de las personas físicas debe ser progresivo para que pague más quien más tiene. Este principio se ha visto y se ve burlado constantemente por el juego de las desgravaciones y por el fraude fiscal. La administración de un impuesto más simple permitirá restablecerla transparencia fiscal y liberar recursos para perseguir a los defraudadores. Por su parte, la supresión de las desgravaciones contribuirá a desterrar el espectáculo de los favorecidos de la fortuna que no pagan impuestos legalmente porque saben aprovechar los resquicios de la ley. En el debate sobre estas cuestiones, los principios absolutos suelen ser compañeros de viaje de un cierto cinismo, cuando no de la demagogia, necesitándose una conciencia democrática madura para abordarlos con serenidad y rigor. Tanto más cuanto que en el fondo de la cuestión subyace la necesidad de detraer recursos del consumo para fomentar el ahorro y la inversión. La acumulación de capital es indispensable a la hora de financiar el crecimiento económico, y el problema que se plantea permanentemente es el de cómo fomentar el ahorro preservando al mismo tiempo el principio de la equidad. La negativa a discutir abiertamente estas cuestiones lleva a aceptar la inflación como método de acumulación de capital, con lo cual, son los más desfavorecidos quienes soportan el peso del esfuerzo sin poder intervenir en el control de unos recursos que, mayoritariamente, proceden de su ahorro.

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La reforma fiscal norteamericana ha planteado abiertamente estas cuestiones, y por ello ha suscitado un gran interés dentro y fuera de Estados Unidos. En casi todos los países occidentales comienza a debatirse la cuestión de si conviene o no seguir el ejemplo. También en España, aunque con el inconveniente de que la tradición de nuestro impuesto sobre la renta se remonta a menos de una década. Pero en tan corto espacio de tiempo ha sido capaz de acumular casi tantas distorsiones como los impuestos europeos en medio siglo, y a nadie haría ningún daño el discutir abiertamente quienes ganan y quienes pierden con el actual sistema.

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