Interior ocultó a la Asociación Pro Derechos Humanos que había aplicado la ley antiterrorista a 'El Nani'

El Ministerio del Interior ocultó en noviembre de 1984 la aplicación de la ley antiterrorista a Santiago Corella, el Nani, en la información facilitada a la Asociación Pro Derechos Humanos, que se interesó el 31 de agosto del mismo año por las "investigaciones y medidas adoptadas, en su caso, en relación con la desaparición de Santiago Corella Ruiz, que se produjo mientras estaba detenido". Interior respondió a esta petición y a la relacionada con Ángel Manzano y Soledad Montero, esposa de El Nani, ofreciendo la versión policial de los bechos y recalcando la inexistencia de torturas o malos tr...

El Ministerio del Interior ocultó en noviembre de 1984 la aplicación de la ley antiterrorista a Santiago Corella, el Nani, en la información facilitada a la Asociación Pro Derechos Humanos, que se interesó el 31 de agosto del mismo año por las "investigaciones y medidas adoptadas, en su caso, en relación con la desaparición de Santiago Corella Ruiz, que se produjo mientras estaba detenido". Interior respondió a esta petición y a la relacionada con Ángel Manzano y Soledad Montero, esposa de El Nani, ofreciendo la versión policial de los bechos y recalcando la inexistencia de torturas o malos tratos. Por otro lado, la acusación popular del caso El Nani, ejercida por la Asociación Contra la Tortura, pidió ayer la dimisión de José Barrionuevo, ministro del Interior.

El 30 de noviembre de 1984 el director de la Seguridad del Estado remitió al presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), entonces José María Mohedano, un oficio "en contestación al escrito de 31 de agosto, por el que pide determinados datos para el informe que anualmente elabora esa asociación sobre la situación de los derechos humanos en España". Entre otros documentos, figuraban los relativos a Manzano, Corella y su esposa. EL PAÍS preguntó ayer al Ministerio del Interior las razones por las que se omitió el dato de la aplicación de la ley Antiterrorista. Tras varias gestiones, el portavoz de la Dirección General de la Policía, José Antonio Linares, dijo que tenía noticias de la remisión de tales documentos, pero que en ese momento no podía contestar a lo que se le preguntaba.El informe de 1984 de la APDH expresaba su preocupación por "las circunstancias que rodearon la detención de Santiago Corella y su familia, y particularmente la desaparición posterior de aquél (...), un día después de su detención". El informe señalaba que "en ese momento, [Corella] padecía diferentes lesiones que se concretan en la certificación expedida por el correspondiente facultativo en las dependencias policiales: 'erosiones en ambas axilas, contusión pectoral izquierda, contusión región lumbar, erosión pierna derecha, contusión epigástrica, herida segundo dedo mano derecha, equimosis brazo mismo lado, cara dorsal, erosiones ambas muñecas".

La respuesta del Ministerio del Interior -que por llegar el 4 de diciembre de 1984 no pudo incluirse en el informe- da cuenta de la detención de Corella y asegura que "negó su participación en el delito de referencia [robo en la joyería Payber, de la calle de Tribulete, de Madrid], pero sí reconoció que estaba preparando otro robo con intimidación, en una localidad próxima a Madrid, para lo cual había conseguido una escopeta recortada y una pistola calibre 7,65, manifestando que las tenía escondidas en un descampado próximo a la carretera de Vicálvaro". [La información de Interior se basó en una supuesta declaración firmada por Corella, firma que, tras sucesivas comprobaciones solicitadas por el juez del caso, ha resultado ser falsa].

El informe de Interior da cuenta de que se trasladó a Corella, acompañado por tres inspectores, "a dicho descampado" y añade: "De estas gestiones, se encontró y se intervino una escopeta recortada y una pistola, con munición para ambas, cuyas características correspondían exactamente a ras manifestadas por el detenido".

"Seguidamente, Corella se ofreció a indicar el domicilio de la persona que le había vendido las citadas armas que, al parecer, residía en las proximidades del lugar, por lo que decidieron", prosigue el documento de Interior, "trasladarse a pie. En un momento de descuido, dio un fuerte tirón, a la vez que empujaba al funcionario que le sujetaba por un brazo, y se dio a la fuga en dirección a unos terraplenes próximos a la zona donde estaban, huyendo y observando los funcionarios que se había conseguido desprender de los grilletes que sujetaban,su mano izquierda, llevando sujetos ambos en la derecha".

El documento remitido a la APDH no incluye ninguna referencia a la aplicación de la ley Antiterrorista y concluye afirmando: "Finalmente, se hace constar que se han realizado numerosas investigaciones tendentes a la localización del mismo en distintos lugares que frecuentaba, resultando negativas todas las pesquisas hasta el momento llevadas a cabo". El informe lleva fecha de 24 de octubre de 1984.

La APDH señala que Ángel Manzano había denunciado que le golpearon de forma, brutal, tumbándole en una mesa, así como que le aplicaron corriente en los muslos y le dieron numerosos golpes en los testículos y numerosas patadas en el pecho. "Como consecuencia de las graves lesiones que sufría", dice la APDH, "hubo de ser conducido al Hospital Provincial de Madrid, donde fue ingresado por la sección de urgencias y sometido a una rápida intevención quirúrgica".

El parte médico indicaba que ingresó en urgencias por presentar cuadro de dolor en hemitórax izquierdo y dolor abdominal y diagnosticaba "contusiones múltiples especialmente abdominales, hemoperitoneo por desgarro mesentrico, fractura octava costilla izquierda, infección urinaria".

Comisión de investigación

Por otra parte, la Asociación contra la Tortura anunció ayer, mediante conferencia de prensa, que va a iniciar una campaña para pedir la dimisión de José Barrionuevo al frente del Ministerio del Interior.

La Asociación contra la Tortura solicitará la creación de una comisión parlamentairia de investigación del caso El Nani y anunció que piensan "acudir a los organismos internacionales para exponer que la tortura existe en el Estado español", según señaló su presidente Fernando Salas.