Consejo de Administración de Cajamadrid recurrirá a los tribunales si la comunidad autónoma modifica sus estatutos
El núcleo de consejeros de Cajamadrid en torno a los cuales se ha formado una mayoría para desafiar a la comunidad autonomía pretende recurrir a los tribunales si las autoridades regionales modifican los nuevos estatutos de la entidad. Esta medida, según han apuntado fuentes informadas, podría paralizar durante varios años la renovación de los órganos rectores de la mayor caja española, que ha superado en agosto el billón de pesetas en depósitos y alcanzó durante el. primer semestre de este año 6.455 millones de pesetas en beneficios, un 22,8% más que en enero-junio de 1985.
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El núcleo de consejeros de Cajamadrid en torno a los cuales se ha formado una mayoría para desafiar a la comunidad autonomía pretende recurrir a los tribunales si las autoridades regionales modifican los nuevos estatutos de la entidad. Esta medida, según han apuntado fuentes informadas, podría paralizar durante varios años la renovación de los órganos rectores de la mayor caja española, que ha superado en agosto el billón de pesetas en depósitos y alcanzó durante el. primer semestre de este año 6.455 millones de pesetas en beneficios, un 22,8% más que en enero-junio de 1985.
Defenderse sin ceder
Medios allegados al Consejo de Administración de Cajamadrid, séptima entidad financiera española, consideran, que la oposición de una mayoría de los consejeros a los proyectos de la Comunidad de Madrid no tiene visos de desaparecer. La presidencia y la dirección de la entidad intentan estos días conciliar los ánimos. Pero tanto las autoridades regionales como el núcleo de consejeros que en los dos últimos meses ha conseguido los votos necesarios para desafiar a aquéllas estudian las posibilidades legales de defender sus respectivas posiciones sin ceder.
Ninguna de las dos partes parece confiar tampoco en que la asamblea general convocada para el 29 de septiembre y siguientes altere sustancialmente los principales puntos que han originado los enfrentamientos. Cuando la mayoría del consejo de administración se reafirmó en su negativa de anticipar al 9 de septiembre dicha convocatoria, la comunidad autónoma empezó a analizar su primera respuesta legal, para darla a conocer hacia ese día, según fuentes del Gobierno regional. Por su parte, los responsables del desafío ven su siguiente posibilidad de actuación a partir del momento en que conozca esta respuesta o en que los estatutos sean aprobados por la asamblea y enviados a la Comunidad. Ésta ya ha anunciado su propósito de rechazar todos los puntos donde aprecie discordancias con la ley estatal de órganos rectores de las cajas o con el decreto regional de desarrollo.
Para el caso de que, se confirme alguna de las dos amenazas basadas, respectivamente, en el calendario de renovación y en la posibilidad legal de devolver el proyecto de estatutos a la caja para que suprima dichas discordancias-, el citado núcleo del consejo de administración está dispuesto a plantear un recurso contencioso-administrativo. Fuentes allegadas al mismo han señalado que la suspensión de un acuerdo del consejo de administración o de la asamblea general puede ser recurrida con el argumento de que provocaría daños irreparables. En su opinión, estos daños se plasmarían en que la Comunidad pretende reflejar en los estatutos un sistema de nombramientos para los órganos rectores de la caja que no representaría a las colectividades previstas en la ley estatal ni respetarían el pluralismo político.
Paralizar el proceso
La admisión del contencioso por los tribunales, según las citadas fuentes, tendría como efecto inmediato el mantenimiento de los órganos rectores de la caja hasta que se resuelva, lo que puede demorarse hasta tres años. Medios que conocen el funcionamiento de las cajas de ahorro opinan que precisamente la tentación de mantenerse en sus puestos ha sido el factor que más ha Condicionado la actitud de los órganos rectores del sector ante la renovación impuesta por la ley de agosto de 1985. La mayoría de los presidentes, directores generales y consejos de administración se ha opuesto al proceso de renovación, porque dice no comprender la insistencia del Gobierno y del PSOE en un proceso electoral que le hará cesar riese a los excelentes resultados logrados por las cajas durante su mandato. Hasta los consejeros que llegaron a sus puestos por sorteo entre los impositores ven con esperanza la posibilidad de seguir.
Mediante la ley de órganos rectores de las cajas, aumentará la representación de los ayuntamientos en la asamblea, consejo de administración y comisión de control, donde alcanzarán el 40% en las de fundación privada y el 51 % en las de fundación pública. Al mismo tiempo, disminuye a un 44% la participación de los impositores elegidos entre los agraciados por un sorteo. Igualmente, la representación de los empleados disminuye hasta el 5%.