EI Gobierno, UGT y CEOE coinciden en que las elecciones sindicales demorarán el acuerdo social hasta el próximo año
El acuerdo social piara los próximos años será aplazado hasta enero, según los negociadores. En los contactos mantenidos este verano por el Gobierno, el sindicato UGT y la patronal CEOE, las tres partes han coincidido en que será posible renovar y ampliar el contenido del Acuerdo Económico y Social (AES). Pero también han coincidido en que no habrá avances decisivos hasta enero, una vez hayan concluido las elecciones sindicales. Entre tanto, los primeros pasos de la concertación tendrán en septiembre un carácter preferentemente bilateral; el Ejecutivo tratará de recabar el apoyo de patronal y ...
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El acuerdo social piara los próximos años será aplazado hasta enero, según los negociadores. En los contactos mantenidos este verano por el Gobierno, el sindicato UGT y la patronal CEOE, las tres partes han coincidido en que será posible renovar y ampliar el contenido del Acuerdo Económico y Social (AES). Pero también han coincidido en que no habrá avances decisivos hasta enero, una vez hayan concluido las elecciones sindicales. Entre tanto, los primeros pasos de la concertación tendrán en septiembre un carácter preferentemente bilateral; el Ejecutivo tratará de recabar el apoyo de patronal y sindicatos a los Presupuestos del Estado para 1987 mediante contrapartidas que no parecen destinadas a engrosar el cuerpo del pacto.
Fuentes del Gobierno, UGT y CEOE han confirmado la existencia de contactos informales a finales de julio y principios de agosto para perfilar un acuerdo. A diferencia de lo que ocurrió hace dos años, cuando las conversaciones secretas permitieron esbozar, sin CCOO, lo que luego sería el AES para 1985 y 1986, ahora las tres partes han reiterado las posibilidades de alcanzar otro pacto, aunque para después de las elecciones sindicales.El Gobierno ha sido el más reticente a aplazar hasta enero el acuerdo, según las impresiones recogidas. Ya antes de las elecciones legislativas fracasó el intento de que CEOE y UGT pactaran una serie de medidas que luego respaldaría el Ejecutivo. Hoy, incluso los ministros más inclinados a mantener el 4%. como objetivo de inflación para 1937, tienen todavía esperanzas de aprovechar los próximos Presupuestos para forzar el pacto. El pasado miércoles por la noche, en una reunión con el equipo directivo de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga animó a los altos cargos presentes a trabajar intensamente para que, después de negociar con las autonomías y con patronal y sindicatos, los Presupuestos estén terminados el mes de septiembre.
No perjudicar a UGT
Pero en otras esferas del Gobierno, y especialmente en UGT y CEOE, parece haber dominado el temor a que la precipitación de un acuerdo perjudique al sindicato socialista en las elecciones sindicales, que se desarrollarán durante el último trimestre. La patronal antepone motivos más, prácticos, en especial la dificultad de pactar satisfactoriamente con UGT, en plena campaña electoral, lo que constituye su principal aspiración: flexibiliza la contratación y el despido. Precisamente los más empeñados en este proyecto, los directivos de la organización de la pequeña y mediana empresa CEPYME, han insistido en que conviene esperar al mes de enero.
Para concurrir a las elecciones con las manos libres, UGT rechaza también cualquier identificación con unos Presupuestos que prevén subir los salarios y las pensiones un 4%. Pero el sindicato socialista quiere defender la política de concertación. Aunque comprende que el primer año de legislatura puede ser el más adecuado para atajar la inflación, le parece descabellado intentar desaceleraría más de un 50% en sólo un año. UGT se ha mostrado mejor dispuesta a un posterior acuerdo global si el Gobierno incluye una generosa cláusula de revisión o accede a subir los salarios de los funcionarios y las pensiones un 5% ó 6%, niveles que podrían animarle a un previo acuerdo salarial con CEOE para el sector privado.
La patronal tiene mayor interés en no dejar pasar la oportunidad de unos Presupuestos para reducir los costes de las empresas mediante el descenso de las cuotas a la Seguridad Social, la reducción de impuestos, un margen de financiación para el sector privado que abarate sus costes financieros, y reducciones en el precio de la energía. Sin embargo, algunos de estos objetivos podrían ser atendidos mediante compromisos de principio que luego serían desarrollados a lo largo del año 1987, concretándolos por decreto.