Un militar, procesado por el caso de los jóvenes quemados en Chile
El juez Alberto de Echavarría resolvió, en un criticado fallo, dejar en libertad a 24 de los 25 militares detenidos por el caso de los dos jóvenes quemados en Chile, procesó a un oficial y se declaró incompetente para seguir la investigación, entregando los antecedentes a la justicia militar. La resolución provocó malestar en medios judiciales y abrió dudas sobre la posibilidad de que todos los responsables sean sancionados.Según el fallo de Echavarría, conocido en la noche del miércoles (madrugada en España), Rodrigo Rojas y Carmen Quintana fueron detenidos el 2 julio por una patrulla militar...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juez Alberto de Echavarría resolvió, en un criticado fallo, dejar en libertad a 24 de los 25 militares detenidos por el caso de los dos jóvenes quemados en Chile, procesó a un oficial y se declaró incompetente para seguir la investigación, entregando los antecedentes a la justicia militar. La resolución provocó malestar en medios judiciales y abrió dudas sobre la posibilidad de que todos los responsables sean sancionados.Según el fallo de Echavarría, conocido en la noche del miércoles (madrugada en España), Rodrigo Rojas y Carmen Quintana fueron detenidos el 2 julio por una patrulla militar. Mientras estaban retenidos, permanecieron próximos a elementos de fácil combustión y un movimiento de la joven provocó las quemaduras al volcarse los elementos incendiarios, expresó el fallo.
Echavarría declaró reo al teniente del Ejército de Tierra Pedro Fernández Dittus, quien permanece detenido en el regimiento blindado Libertadores. El teniente Fernández dirigía la patrulla y está acusado del cuasidelito de homicidio contra Rodrigo Rojas y de lesiones graves a Carmen Quintana, porque después de que los jóvenes se quemaron, no dipuso una rápida atención médica.
El fallo provocó una airada réplica de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica, que representan a los familiares de los jóvenes quemados. En una declaración, los juristas Víctor Salazar y Luis Toro criticaron que Echavarría falló tomando en consideración sólo los testimonios de los militares, ignorando los que dieron las propias víctimas y una docena de testigos civiles. "Con esta omisión, ha faltado gravemente a la ley y al principio de imparcialidad de la justicia", dijeron los abogados.
La Vicaría declaró que no pueden eludirse tres factores: "Que los hechores fueron militares; que ni Rodrigo ni Carmen portaban elementos incendiarios; que los jóvenes no atacaron a los militares". Los abogados apelarán a la resolución de Echavarría.
Ayer jueves eran esperados en la capital dos abogados estadounidenses de Amer¡ca's Watch, un organismo de derechos humanos, quienes pretenden realizar una investigación imparcial.
Indignada, la abogada Amanda Denegri, tía de Rodrigo Rojas, afirmó que el fallo "más que aberrante es inmoral". El juez, dice, "no hizo más que acoger la tesis militar. Nos creen idiotas". Dirigentes de la comisión de derechos humanos expresaron que sienten "una creciente frustración por la justicia chilena".
Apoyo español
El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, José Antonio Martín Pallín, aprovechando una provisión de la legislación chilena que permite que personas físicas le personen como parte, por cualquier medio de comunicación, en un proceso legal, ha mandado un escrito ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, por el cual presenta un recurso de amparo por "la detención ilegal" de 13 miembros de la Asamblea de la Civilidad.