CC OO pide que el Patrimonio del Estado recupere una empresa de Rumasa vendida a Basf
Comisiones Obreras solicitó ayer públicamente que el Patrimonio del Estado recupere la empresa Tintas K + E (antes Ficis), que fue expropiada como entidad sumergida de Rumasa y vendida a la multinacional química alemana Basf a finales de 1984. Según CC OO, Basf ha incumplido "de forma flagrante" varias condiciones del contrato de compraventa, especialmente el compromiso de invertir 150 millones en instalaciones.
El sindicato afirma que Basf pretende reducir la plantilla de K + E -que tiene 64 trabajadores- y fusionarla con la de Cidesa, empresa ubicada cerca de Granollers que perten...
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Comisiones Obreras solicitó ayer públicamente que el Patrimonio del Estado recupere la empresa Tintas K + E (antes Ficis), que fue expropiada como entidad sumergida de Rumasa y vendida a la multinacional química alemana Basf a finales de 1984. Según CC OO, Basf ha incumplido "de forma flagrante" varias condiciones del contrato de compraventa, especialmente el compromiso de invertir 150 millones en instalaciones.
El sindicato afirma que Basf pretende reducir la plantilla de K + E -que tiene 64 trabajadores- y fusionarla con la de Cidesa, empresa ubicada cerca de Granollers que pertenece a la misma multinacional, trasladando luego todas las instalaciones a Terrassa.
Los locales de K + E, situados en la calle de Guipúzcoa de Barcelona y valorados en unos 600 millones de pesetas, serían vendidos después a una empresa de refrescos, para lo que ya existe un contrato privado.
Un portavoz de Basf dijo que "la fusión de Cidesa y K + E supondrá una nueva empresa de 148 trabajadores ubicada efectivamente en la actual Cidesa, pero denominada K + E. Por otra parte, respetaremos los 49 puestos de trabajo que nos comprometimos a mantener, y el resto de los empleos los amortizaremos mediante bajas incentivadas, dando 3,5 millones de pesetas a quienes tengan una antigüedad superior a cinco años". También señaló que "el conflicto proviene de que el sindicato quiere indemnizaciones de cuatro millones y se opone al descuelgue del convenio sectorial que hemos planteado".