La presunta estafa de la Caja de Inversión podría alcanzar 2.000 millones de pesetas
La presunta estafa cometida por Foica, Foicasa y Caja de Inversión, sociedades creadas para gestionar fondos de la Iglesia, podría alcanzar una cuantía cercana a los 2.000 millones de pesetas, según la documentación que dice poseer Jerónimo Salt, un constructor que fue cliente de la caja y que se ratificó ayer ante el Juzgado en la denuncia que presentó el viernes por estafa y falsedad. Salt asegura que las irregularidades denunciadas le ocasionaron un perjuicio económico valorado en 545 millones de pesetas. Entre los denunciados figuran José Lladró, Silvino Navarro, procesado por el caso SAVE...
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La presunta estafa cometida por Foica, Foicasa y Caja de Inversión, sociedades creadas para gestionar fondos de la Iglesia, podría alcanzar una cuantía cercana a los 2.000 millones de pesetas, según la documentación que dice poseer Jerónimo Salt, un constructor que fue cliente de la caja y que se ratificó ayer ante el Juzgado en la denuncia que presentó el viernes por estafa y falsedad. Salt asegura que las irregularidades denunciadas le ocasionaron un perjuicio económico valorado en 545 millones de pesetas. Entre los denunciados figuran José Lladró, Silvino Navarro, procesado por el caso SAVE, y Vicente Ferrando, vicario general del obispado de Valencia.
La denuncia acusa a estas sociedades de efectuar inversiones no respaldadas por capital, otorgar créditos ¡lícitos, desviando fondos hacia el mercado negro financiero y entregar a determinadas empresas e instituciones beneficios no reales. Los implicados, según la denuncia, habrían hecho desaparecer la sociedad y creado otras que se beneficiarían de los activos, dejando los pasivos para la desaparecida, después de haber atraído a diversos inversores que se han visto perjudicados, como Salt.La denuncia fue admitida ayer a trámite, pero la existencia de una querella anterior por el mismo asunto en otro juzgado ha creado un conflicto de competencias que se resolverá hoy. Fuentes judiciales indicaron que las averiguaciones no se limitarán a las posibles irregularidades que afectan al denunciante, sino que alcanzarán a toda la trayectoria de Foica, Caja de Inversión y Foicasa desde que fuera creada la primera, en 1970,
Foica fue intervenida por el Banco de España en 1976 y ello dio paso a la constitución de la Caja de Inversión. Fueron socios de ésta, que fue absorbida por la Caja de Ahorros de Madrid en octubre de 1985, tres obispos, once presbíteros y cinco entidades religiosas diversas, informa Efe.
Además de Vicente Ferrando, figuran como asociados los obispos Jesús Pla, antiguo auxiliar de Valencia y hoy en Segovia, José Gea Escolano, de Ibiza, y Teodoro Úbeda, de Palma de Mallorca. Entre los presbíteros están José María Granell, Juan Blanquer, Timoteo Cervera, Miguel Fernández, Gil Roger (de Segorbe) Bernardo Herráez (de Ávila), José Ramón Ortolá, Joaquín Cots, Ramón Sánchez (de Castellón) y Bernardo Bañuls. Entre las entidades, figuran los Seminarios Mayor y Menor y la Fundaciones Santo Tomás de Villanueva y San Juan de Ribera. La caja actuó como un banco de la Iglesia, según Salt, contra quien se siguen diligencias judiciales por otros asuntos.
Actitud del Banco de España
El denunciante declaró ayer que el Banco de España estuvo al corriente de estas irregularidades y durante años "hizo la vista gorda", siguió de cerca las actividades de la Caja de Inversión e intervino en el -cese de Silvino Navarro como presidente de la caja en 1982. En un informe emitido en abril de 1985, se dice: "Los saldos deudores en Caja de Inversión no eran reales, ya que se abonaban en cuentas diversos depósitos de particulares que deseaban ocultar su titularidad. A partir de 1983 se cargan más de 200 millones de pesetas procedentes de estos depósitos ocultos y se instrumentan imposiciones a plazo fijo a nombre de Foica".Los denunciantes explican que la Caja de Inversión utilizaba las distintas fundaciones religiosas para captar pasivo y camuflar dinero negro de terceras personas, en la forma indicada por el Banco de España. Según las mismas fuentes, de los 69 documentos adjuntados se puede deducir que un gran porcentaje de los créditos otorgados por la caja no fueron pagados, como tampoco las ampliaciones de capital, dinero que iba a parar a personas y entidades relacionadas con la caja a través de los denunciados.
La absorción de esta sociedad por la Caja de Ahorros de Madrid también supuso presuntas ilegalidades, por basarse en una liquidación falsa, según la denuncia, que por ello se dirige también contra el director general adjunto de esta entidad.