El cambio nunca llega al campo

EN ESPAÑA hay 8.513 cámaras agrarias, que el Gobierno ha pretendido desmontar porque, a su juicio, se trata de una estructura heredada del franquismo. Esta pretensión, sin embargo, ha quedado aplazada con la devolución del proyecto al Gobierno, tras la disolución de las Cortes a causa de la convocatoria de elecciones generales. El proyecto intentaba acabar, además de con el actual sistema de cámaras, con la normativa de sindicación obligatoria de los agricultures, aún vigente, en frontal contradicción con los principios constitucionales.Las organizaciones conservadoras del campo y los partidos...

EN ESPAÑA hay 8.513 cámaras agrarias, que el Gobierno ha pretendido desmontar porque, a su juicio, se trata de una estructura heredada del franquismo. Esta pretensión, sin embargo, ha quedado aplazada con la devolución del proyecto al Gobierno, tras la disolución de las Cortes a causa de la convocatoria de elecciones generales. El proyecto intentaba acabar, además de con el actual sistema de cámaras, con la normativa de sindicación obligatoria de los agricultures, aún vigente, en frontal contradicción con los principios constitucionales.Las organizaciones conservadoras del campo y los partidos políticos a la derecha del Gobierno se oponen rotundamente a este proyecto. Y los sindicatos afines a esta tendencia han sido los auspiciadores de la multitudinaria manifestación que el domingo pasado llenó Madrid de agricultores airados. La cúpula de las cámaras (Confederación Nacional de Cámaras Agrarias) y las fuerzas conservadoras defienden la necesidad de mantener los servicios que estas instituciones desempeñan actualmente en cada pueblo de España, y que van desde la mejora de caminos a la información y canalización de ayudas a los campesinos. Los fondos para esta actuación provienen de las subvenciones del Estado y de cuotas y derramas que eventualmente aportan, en cada municipio, los propios agricultores. El Gobierno, por su parte, cree también en la necesidad de mantener estos servicios y mejorarlos, pero es contrario a hacerlo con el actual sistema. Su proyecto de reforma, del que no puede decirse que sea muy transformador, trata de reducir el archipiélago compuesto por miles de cámaras, míseras buena parte de ellas, y potenciar la figura de la cámara provincial. Se diseñaría así, en opinión oficial, un mapa más racional y equivalente al que hoy existe en la industria y los servicios.

Esto dicho, y bajo el enunciado de buscar una mayor racionalidad y mimetismo con Europa, se esconde también una pretensión política. Desmontando la actual estructura y convocando nuevas elecciones, el Gobierno espera corregir la actual situación derivada de unas elecciones celebradas hace ocho años. Durante este tiempo, el campo ha estado viviendo con unos representantes cuyo mandato no fue renovado a causa del sucesivo aplazamiento en la promulgación de una ley que adecuara estas cámaras -descendientes directas de las hermandades de labradores y ganaderos del sindicalismo vertical- a la nueva situación democrática. La negligencia y la medrosidad de los Gobiernos de UCD y del mismo PSOE a lo largo de toda su primera legislatura, frente al inmovilismo, los intereses creados y también el caciquismo, han llevado a la consolidación de los dirigentes conservadores, que han visto sucesivamente prorrogado su mandato por decreto.

Las cámaras agrarias reciben anualmente, por parte del Ministerio de Agricultura, más de 8.600 millones de pesetas para su funcionamiento, incluidos los salarios de los 4.500 funcionarios, adscritos a ellas. Se entiende, pues, que el Gobierno quiera sanear políticamente un sector electoral que hoy no le es demasiado favorable. Busca así unas nuevas elecciones, cuyo resultado, en su opinión, reflejaría mejor, de una parte, el verdadero peso de cada asociación profesional y permitiría el ensanchamiento de una corriente más progresista en la España agraria.

La polémica, por tanto, descansa, ante todo, en una batalla de poder político. Lo deseable, sin embargo, es que, además de procurar que el campo alcance a tener sus representantes democráticos, se logre que de una vez acabe la marginación de un sector amplísimo de la sociedad española, al que deben corresponder los beneficios del cambio tanto como a cualquier otro. El Gobierno haría, pues, bien en interesarse por los problemas de los agricultores, tanto en asistencia sanitaria, educativa y demás servicios, y favorecer la modernización de las explotaciones. La presencia inexorable del Mercado Común, con sus oportunidades y amenazas para el sector agrario español, reclama una sensibilidad y diligencia mucho mayor de la que hasta ahora ha hecho gala el Gobierno.