El nuevo tratado de extradición con el Reino Unido no afectará a los delincuentes británicos que residen en España

Los delincuentes británicos más buscados por la policía del Reino Unido, que residen en España desde hace años, no podrán ser entregados a su país pese a que ayer los representantes de los Gobiernos de Madrid y Londres intercambiaron los instrumentos de ratificación del nuevo convenio de extradición bilateral. Con este último requisito, el tratado firmado en Londres el 22 de julio de 1985 entrará en vigor el próximo 1 de julio. A partir de este momento, "España dejará de ser el paraíso de los hombres buscados por la justicia inglesa", según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia.
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Los delincuentes británicos más buscados por la policía del Reino Unido, que residen en España desde hace años, no podrán ser entregados a su país pese a que ayer los representantes de los Gobiernos de Madrid y Londres intercambiaron los instrumentos de ratificación del nuevo convenio de extradición bilateral. Con este último requisito, el tratado firmado en Londres el 22 de julio de 1985 entrará en vigor el próximo 1 de julio. A partir de este momento, "España dejará de ser el paraíso de los hombres buscados por la justicia inglesa", según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia.

El nuevo tratado, que no tiene efecto retroactivo, sólo afectará a las personas reclamadas por la justicia británica que entren en España a partir de esta fecha. Respecto a este punto, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, declaró el día de la firma del tratado de extradición que los delincuentes que actualmente residen en España serán perseguidos "con todo rigor" a través de la ley de extranjería. Los delincuentes británicos que actualmente residen en España sólo podrán ser entregados al Reino Unido si salen del territorio español y vuelven a entrar una vez que el tratado de extradición entre en vigor.El tratado compromete a los dos Gobiernos a entregar a los delincuentes cuando la persecución se deba a delitos penados con más de 12 meses de cárcel, excepto los políticos, entre los que no se incluyen los delitos de terrorismo y el genocidio. El nuevo texto facilita el mecanismo de entrega de estas personas, que se realizará por vía diplomática.

Entre los miles de expedientes de personas pendientes de expulsión de España por la aplicación de la ley de Extranjería se encuentran los nombres de los presuntos delincuentes de los dos robos más espectaculares ocurridos en el Reino Unido en 1983.

Los más buscados

John Palmer, acusado por la policía inglesa de ser el organizador del robo de un cargamento de 30 toneladas de oro (valoradas en más de 6.000 millones de pesetas) ocurrido en noviembre de 1983, fue expulsado oficialmente de España en diciembre del año pasado. Palmer, que residía en Tenerife, recurrió contra la expulsión, con lo que ésta quedó temporalmente paralizada.Los delincuentes más buscados saben bien que el interponer un recurso paraliza temporalmente la decisión de su expulsión. El mismo ejemplo ha seguido Clifford Eric Saxe, considerado por la policía del Reino Unido como el cerebro del golpe a la compañía Security Express, en abril de 1983, donde se sustrajeron 6.375.205 libras (unos 1.500 millones de pesetas). Saxe vive en en Benalmádena (Costa del Sol) y tiene pendiente un recurso contra decisión gubernativa que le denegaba la residencia.

Los supuestos cómplices de Eric Saxe -Jonh Fleming, Terry Conroy, James Jeffrey y Michael Reilly- que residían habitualmente en Benidorm, se encuentran en paradero desconocido desde hace meses, según fuentes de la policía judicial española. Por su parte, los implicados junto con Palmer en el robo del siglo -Frederik Foreman, Jonh James Mason y Roland James Everett- tienen asimismo interpuestos sus respectivos recursos contra la resolución de su expulsión. No es éste el caso de otro de los acusados, como Vernon Jonh Rex, en paradero desconocido. Sobre este ciudadano británico pesa una orden de averiguación de domicilio (similar a búsqueda y captura) a escala nacional, según confirmaron altos cargos policiales.

Roland Knight, residente asimismo en la Costa del Sol, está pendiente de la resolución de una acusación interpuesta por las autoridades españolas por falsificación de documentos.

La policía judicial española ha recibido varias visitas de policías británicos, que han llegado a España siguiendo la pista de los presuntos implicados en los robos citados. La policía británica ha viajado a España portando comisiones rogatorias de los jueces de su país. De todas formas, la ausencia de tratado de extradíción y la falta de pruebas dificultó enormemente las pesquisas de los investigadores.