Nuevo encierro de minusválidos que protestan por el abandono de la Administración

Un centenar de minusválidos, trabajadores disidentes de Prodiecu, empresa que vendía boletos de lotería ilegalmente, se encerró ayer en el Instituto de Servicios Sociales (Inserso). La protesta, que se inició en febrero en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, de acuerdo con la empresa, se ha vuelto ahora en contra de Prodiecu. Los minusválidos quieren una nueva lotería y reclaman la atención de la Administración.

Algunos de los minusválidos expulsados violentamente de la iglesia de los Jerónimos por la policía en plena madrugada, a pesar de que muchos de ellos se encontraban durmiendo...

Un centenar de minusválidos, trabajadores disidentes de Prodiecu, empresa que vendía boletos de lotería ilegalmente, se encerró ayer en el Instituto de Servicios Sociales (Inserso). La protesta, que se inició en febrero en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, de acuerdo con la empresa, se ha vuelto ahora en contra de Prodiecu. Los minusválidos quieren una nueva lotería y reclaman la atención de la Administración.

Algunos de los minusválidos expulsados violentamente de la iglesia de los Jerónimos por la policía en plena madrugada, a pesar de que muchos de ellos se encontraban durmiendo y sin sus prótesis continuaron el encierro en la parroquia de Santa Irene de Palomeras Bajas, edificio que han ocupa do desde el 10 al 20 de marzo Ayer, sin embargo, llevaron su lucha más cerca de la Administración, por lo que un grupo de cerca de cien personas decidió instalarse en las oficinas del Inserso. La Coordinadora Estatal de Minusválidos y los diversos sindicatos se solidarizan con sus reivindicaciones.Una discordia entre ciegos y minusválidos por la venta del cupón ha evolucionado hacia un cisma entre los minusválidos y sus patronos. Teresa Clemente, trabajadora de Prodiecu que forma parte de los encerrados, afirma: "No queremos apoyar a una empresa que nos ha engañado al contratarnos para realizar una actividad ¡legal. Lo que reclamamos es que la Administración arbitre medidas para desarrollar la ley de Integración Social del Minusválido (LISM) y establezca un tipo de cupón, similar al de la ONCE, controlado por el Gobierno y por los minusválidos".

Prodiecu,SA, empresa creada por Andrés Rodríguez, un sevillano que vive en Barcelona, apareció en junio de 1985 como una especie de maná para los minusválidos más indigentes, que sólo cuestan con una pensión de 3.000 pesetas si viven con su familia y de 14.000 si dependen de sí mismos. Curtido en la experiencia, tras haberse iniciado con rifas callejeras de jamones y electrodomésticos, Rodríguez ha llegado a contratar a 5.200 personas, el 85% de ellas minusválidas", según sus palabras, para vender su lotería.

"Empecé a trabajar para esta firma", dice Teresa Clemente, "en junio de 1985. Nos pagaba 48.200 pesetas al mes, lo que suponía, por primera vez, disponer de un sueldo, pero el problema surgió cuando nos enteramos de que no estaba autorizada para vender cupones en la calle". Un portavoz del servicio de información del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado la ilegalidad de la actividad en la que se ha embarcado Prodiecu: "En mayo de 1985 Prodiecu entregó una solicitud para realizar una rifa diaria en el ámbito nacional. Dicha petición le fue denegada el 20 de junio del mismo año, ya que la legislación vigente no prevé que una empresa se dedique a realizar rifas como única actividad y por tiempo indefinido".

Disputas

El pasado verano, los minusválidos empezaron a vender boletos por la calle, con el sistema de sorteo de los ciegos. Las disputas entre ciegos y minusválidos no se hicieron esperar. "Y Prodiecu nos hizo creer que el coco era la ONCE, no su situación de ilegalidad", dice uno de los encerrados. Andrés Rodríguez, por su parte, a pesar de habérsele requisado vanas veces las planchas de los boletos y de haber sido denunciado por un juez de Barcelona, continúa su pulso con la Administración: "Hemos hecho un recurso de alzada y estamos pendientes de ser autorizados".Fernando Arroyo, de la ONCE madrileña, reitera que su organización no está en guerra contra los minusválidos, aunque haya interpuesto una querella contra Prodiecu en un juzgado de Barcelona. "El tema sobrepasa a la ONCE: es la Administración la que debe solucionar la situación de desamparo de los minusválidos y la que debe impedir que una empresa privada se aproveche de nuestra imagen", añade Arroyo.