Más de 1.000 médicos serán destituidos en abril por incompatibilidades

Alrededor de 1.100 médicos de ocho provincias españolas que ocupan más de un puesto público y que no los declararon recibirán, a lo largo del mes de abril, la notificación de su destitución en todos sus cargos, excepto en el más importante de todos ellos, por aplicación de la ley de Incompatibilidades, según informó Javier Valero, director general de la Inspección de Servicios de la Administración Pública. De estos 1.100 médicos, 800 corresponden a la provincia de Madrid, y el resto, a Zaragoza, Vizcaya, Asturias, Salamanca, La Coruña, Murcia y Valencia.

El acuerdo de empezar a cesar a ...

Alrededor de 1.100 médicos de ocho provincias españolas que ocupan más de un puesto público y que no los declararon recibirán, a lo largo del mes de abril, la notificación de su destitución en todos sus cargos, excepto en el más importante de todos ellos, por aplicación de la ley de Incompatibilidades, según informó Javier Valero, director general de la Inspección de Servicios de la Administración Pública. De estos 1.100 médicos, 800 corresponden a la provincia de Madrid, y el resto, a Zaragoza, Vizcaya, Asturias, Salamanca, La Coruña, Murcia y Valencia.

El acuerdo de empezar a cesar a las personas que no han declarado fue adoptado el pasado miércoles en una reunión mantenida entre representantes de los Ministerios de la Presidencia y Sanidad, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.Las órdenes de cese se cursarán a través de los gobernadores civiles o los subsecretarios de los ministerios, que habrán recibido previamente una declaración de incompatibilidad realizada por la Inspección General de la Administración. El médico cuya incompatibilidad no declarada ha sido detectada, además de la destitución, será obligado a reintegrar los salarios indebidamente percibidos y se le abrirá un expediente por falta muy grave. De este expediente puede derivarse una sanción desde 15 días de suspensión de empleo a la separación definitiva del servicio. Las circunstancias de cada caso serán valoradas por el gobernador civil o subsecretario.

Las destituciones se iniciarán por aquellas personas que no hayan declarado sus cargos, que más puestos ostenten (en Madrid se han detectado 50 no declarantes que cuentan con tres cargos o más) y que tengan incompatibilidad manifiesta, esto es, por ejemplo, con colisión de horarios. A continuación se les notificará a los médicos que ostenten cargos que constituyan un obstáculo para la reforma de la sanidad pública; por ejemplo, aquellos puestos de dos horas en ambulatorios, que se quieren convertir en jornada de ocho. Irán después quienes tengan dos puestos hospitalarios, uno por la mañana y otro por la tarde.

Una vez concluidas las órdenes de cese para los médicos que no declararon sus cargos, las incompatibilidades se aplicarán a los médicos que sí los declararon. Aquellos médicos que declararon sus cargos, pero que omitieron alguno, serán tratados como si no hubieran formulado declaración, al considerar omisión voluntaria. Javier Valero ha estimado que en los próximos meses la Administración cursará entre 8.000 y 9.000 declaraciones de incompatibilidad, que no afecta a quienes compaginen un cargo público con otro privado.

Para obtener estos datos, la Inspección General de la Administración ha cruzado informáticamente las declaraciones con todas la nóminas de centros y entidades públicas (alrededor de 120, sólo en Madrid).

El Colegio Oficial de Médicos (OMC), que preside Ramiro Rivera, considera estas medidas como claro fracaso por parte del Ministerio de la Presidencia para conseguir la renuncia espontánea de los médicos a sus derechos adquiridos. Para la OMC, "en última instancia habrán de ser los tribunales ordinarios, y no decisiones administrativas, quienes resuelvan la cuestión".

Según las estimaciones de la propia OMC el número de declaraciones se acerca a las 60.000, la mayor parte de ellas para solicitar la compatibilidad con el ejercicio privado. Según se deduce, además, de las cartas que la Administración está enviando, la mayoría de los declarantes se reservan el derecho a optar por el puesto de trabajo que deseen.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública difundió ayer en un comunicado en el que considera que las medidas de aplicación de las incompatibilidades deben ir acompañadas de otras, como la aplicación generaliza de las nuevas jornadas, jerarquización de los especialistas y aumento de la oferta de plazas en los centros de salud.