La supresión de la CMB

Como ciudadano que vivo en la Corporación Metropolitana de Barcelona, no me considero en situación beligerante con el Gobierno catalán por su propuesta de ley de ordenación territorial y, en concreto, por la proyectada supresión de la entidad, que, guste o no, tiene su origen en la legislación franquista y ahora encuentra dificil encaje con la estructuración administrativa que establece el Estado de las Autonomías fruto de la Constitución democrática de 1978. Lo digo al hilo de las afirmaciones de Obiols, secretario del PSC-PSOE, que parecen indicar que con esta propuesta el Consell Executiu h...

Como ciudadano que vivo en la Corporación Metropolitana de Barcelona, no me considero en situación beligerante con el Gobierno catalán por su propuesta de ley de ordenación territorial y, en concreto, por la proyectada supresión de la entidad, que, guste o no, tiene su origen en la legislación franquista y ahora encuentra dificil encaje con la estructuración administrativa que establece el Estado de las Autonomías fruto de la Constitución democrática de 1978. Lo digo al hilo de las afirmaciones de Obiols, secretario del PSC-PSOE, que parecen indicar que con esta propuesta el Consell Executiu ha declarado la guerra a más de la mitad de la población de Ca taluña. El Consell Executiu no hace más que ejercitar unas competencias que le atribuye la Constitución y el Estatut, cosa que el Tribunal Constitucional se ha en cargado recientemente de recordar. No creo que la CMB sea precisamente un modelo de participación democrática. Antes bien, es un organismo que no cesa de absorber competencias en detrimento sobre todo de los municipios de la zona, pero también de la Generalitat.

Su presidente, el alcalde de Barcelona, parece por su actuación que haya sido elegido democráticamente por la mayoría de los catalanes para encabezar, se diga o no se diga, una institución tecnocrática que ejerza un poder que las urnas no le han dado.

Todo esto no significa que el proyecto del Consell Executiu sea un dechado de virtudes: ahí está su vergonzante mantenimiento de las diputaciones provinciales, a las que se limita a cambiar de nombre, o la falta real de descentralización de la propia Generalitat -la triste experiencia vivida de los Consells de Muntanya es un notable ejemplo-, todo lo cual no augura una Administración pública en Cataluña más racional, más barata, más cercana al ciudadano y, por lo tanto, más democrática-