Vicente lborra será procesado a mediados de febrero, según fuentes judiciales

Vicente Iborra, presidente de la patronal valenciana hasta el pasado miércoles, será procesado, casi con toda seguridad, durante la semana del 10 al 16 de febrero, acusado de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda pública, según manifestaron ayer fuentes cercanas al Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que instruye las diligencias previas abiertas el 18 de noviembre pasado. Vicente Iborra es presidente de SAVE, empresa concesionaria de los aparcamientos de once aeropuertos españoles que, según los datos que maneja la policía, habría cometido ...

Vicente Iborra, presidente de la patronal valenciana hasta el pasado miércoles, será procesado, casi con toda seguridad, durante la semana del 10 al 16 de febrero, acusado de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda pública, según manifestaron ayer fuentes cercanas al Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que instruye las diligencias previas abiertas el 18 de noviembre pasado. Vicente Iborra es presidente de SAVE, empresa concesionaria de los aparcamientos de once aeropuertos españoles que, según los datos que maneja la policía, habría cometido un fraude de 777 millones de pesetas.Junto con Iborra, que ya ha dimitido de su cargo como presidente de la patronal valenciana, serán procesados "entre 20 y 40 personas más". Las mismas fuentes indicaron que sobre alguna de las personas relacionadas con el caso podría recaer la acusación de un delito diferente a los anteriormente citados: el de malversación de caudales públicos.

Una vez que las diligencias previas se eleven a sumario, la tesis que planteará la defensa, dirigida por Emilio Attard, primer presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, es que las irregularidades contables y la manipulación de las cintas magnéticas que registraban los pagos de los usuarios obedecía a un pacto verbal entre SAVE y el organismo concesionario, Aeropuertos Españoles.

El acuerdo habría servido para compensar a SAVE de los perjuicios derivados del aparcamiento de vehículos fuera del recinto objeto de concesión. Esta práctica, comprobada sobradamente según la defensa, no era legal, pero tampoco lo sería el pacto entre la empresa y el organismo autónomo.

De hecho, ningún responsable de este organismo ha confirmado por el momento la existencia de este acuerdo, que fuentes cercanas al Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia consideran incompatible con la existencia del cuarto camuflado descubierto por la policía en la sede de SAVE.