Archivos militares inaccesibles

La necesidad de contar con una historiografía objetiva, que anteponga la investigación y el rigor de datos a los aprioris y prejuicios del historiador, está sujeta en nuestra democracia a una curiosa y sintomática contradicción: por un lado, es requerida desde planteamientos puramente abstractos, incluso por personajes representativos de la Administración, mientras que, por otro, es negada cotidianamente por las dificultades en el acceso a la información y por las cortapisas de todo tipo que padecen los historiadores.En mi caso personal, la realización de un análisis histórico de la Agr...

La necesidad de contar con una historiografía objetiva, que anteponga la investigación y el rigor de datos a los aprioris y prejuicios del historiador, está sujeta en nuestra democracia a una curiosa y sintomática contradicción: por un lado, es requerida desde planteamientos puramente abstractos, incluso por personajes representativos de la Administración, mientras que, por otro, es negada cotidianamente por las dificultades en el acceso a la información y por las cortapisas de todo tipo que padecen los historiadores.En mi caso personal, la realización de un análisis histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante en su etapa de actuación (1939-1952) se ha visto obstaculizada de modo determinante por la imposibilidad de acceder a los archivos de la Tercera Región Militar y realizar las verificaciones documentales necesarias. Tras una serie de vicisitudes kafkianas y laberínticas, he conseguido el acceso a un reducido y poco representativo número de documentos de la Guardia Civil relacionados con la guerrilla (bandolerismo en su vocabulario); pero este inicio de política de puertas abiertas en la Benemérita tiene como contrapeso la actitud negativa del Ministerio de Defensa, que en un documento firmado pro el propio ministro, Narcís Serra, me deniega el acceso a los archivos de la citada región militar, apelando a la protección el "honor a la intimidad personal y familiar" de los protagonistas de esos hechos.

De llevar esta argumentación hasta las últimas consecuencias no se estaría sino afirmando la imposibilidad de realizar ningún tipo de investigación histórica. Por otra parte, existen unos derechos constitucionales muy explícitos sobre el derecho de acceso a la información y un deber social, especialmente del actual Gobierno, de poner de relieve que toda la documentación existente sobre la guerra civil o sobre cualquier período histórico es patrimonio cultural de todos los españoles y debe de ser conocida por sus legítimos propietarios.

Durante todo este año hemos padecido un aluvión de trabajos sobre la transición española que han puesto de manifiesto una utilización del discurso histórico para justificar protagonismos ilegítimos y ocultar la importancia de grupos o ideologías sancionadas sea por la razón que sea en el nuevo ordenamiento democrático. Aterra pensar lo que puede ocurrir con el próximo cincuentenario de la guerra civil y su correlato, la guerra de guerrillas, si se aplica este concepto utilitario de la historia, subordinado el análisis al cotilleo interesado y los datos empíricos a la mitificación de los hechos.

Me consta que son muchos los historiadores de este período histórico que se encuentran en una situación semejante a la mía, con investigaciones bloqueadas por la imposibilidad de acceder a fuentes de información actualmente en poder de la Administración. Por mi parte, tras un recurso de alzada denegado por el ministro de Defensa, pienso proseguir la defensa de mis reivindicaciones por la vía contencioso-administrativa, llegando si es necesario hasta el Tribunal Constitucional. Se dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Aunque parece que el actual Gobierno es más partidario de exorcizar los fantasmas con la política del avestruz-

. Doctora en Historia.