La huelga de los profesores

COMO ES habitual en los paros de dimensión nacional y que implican a gran número de personas (el profesorado de los centros públicos de enseñanza no universitarios integra a unos 250.000 docentes), la guerra de cifras entre el Ministerio de Educación y los sindicatos no permite hacerse una idea exacta del éxito de la huelga de profesores de los colegios públicos de enseñanza general básica, formación profesional y bachillerato realizada el miércoles y el jueves pasados. La plataforma de los huelguistas incluía una subida salarial superior al techo fijado para los demás funcionarios, un sistema...

COMO ES habitual en los paros de dimensión nacional y que implican a gran número de personas (el profesorado de los centros públicos de enseñanza no universitarios integra a unos 250.000 docentes), la guerra de cifras entre el Ministerio de Educación y los sindicatos no permite hacerse una idea exacta del éxito de la huelga de profesores de los colegios públicos de enseñanza general básica, formación profesional y bachillerato realizada el miércoles y el jueves pasados. La plataforma de los huelguistas incluía una subida salarial superior al techo fijado para los demás funcionarios, un sistema de pensiones alternativo al establecido por la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1985, la aplicación a la enseñanza del nuevo sistema retributivo de la ley de Reforma de la Función Pública, la homologación de los emolumentos del profesorado con el resto de la Administración civil y el cumplimiento generalizado de una sentencia del Tribunal Supremo referente al pago de trienios de los maestros que ejercen sus tareas desde antes de 1970, y que supone a la Administración una deuda de 40.000 millones de pesetas. Esa protesta descansa sobre el supuesto de fondo -difícilmente discutible- de que históricamente los docentes han pagado los platos rotos de las épocas de penurias presupuestarias, y no se han beneficiado, en cambio, de la prodigalidad- de las eras de bonanza.Un repaso de la legislación en materia de retribuciones de los funcionarios permite comprobar que esa sensación no carece de fundamento. El trato dado a los docentes, y muy especialmente a los maestros, siempre se ha caracterizado por su excepcionalidad negativa. La vieja consideración de estos últimos como una subcategoría social parece, sin embargo, poco coherente con una organización moderna que ha de apoyar su capacidad de adaptación, y, en consecuencia, la flexibilidad de sus recursos humanos, en una consistente formación de base. La idea de que el maestro encuentra otras gratificaciones inmateriales a su trabajo, bien por su asociación con una suerte de sacerdocio, bien por la reverencia social que reciba, pertenece igualmente al pasado. La dignificación de un profesional no existe si no está acompañada también de una retribución digna. Y el objetivo de lograr un buen cuadro de profesores, captando a candidatos con capacidad e imaginación, no debe obstaculizarse con el freno de fijar a ese estamento signos materiales y sociales de segunda fila.

La calidad de la enseñanza pública en estos niveles sigue constituyendo una justificada preocupación en la sociedad española. Ni en muchos casos los profesores cuentan con una preparación suficiente para responder a las demandas de los alumnos ni se procuran los medios para ir adecuando su cualificación a los cambios en la forma y contenidos pedagógicos más actuales. Requerir de ellos una mayor formación y una entrega superior a las tareas de la enseñanza, de modo que su particular calendario laboral no aparezca como un anacrónico privilegio en el panorama general del trabajo, parece una petición fundada. Hora es ya de que desaparezca la ecuación que comúnmente se establece entre estar mal pagados, pero contar con la compensación de un tiempo muy superior de días festivos y vacaciones. La función de los profesores es trascendente. Y este alegato ha de valer, tanto cuando se argumente a favor de un salario equiparable a otros titulados similares, como cuando se trate de establecer el tiempo de dedicación a las tareas. La enseñanza media española, por su burocratismo, favorece un tipo de profesor que, una vez ganada la plaza, renueva en muy poco su haber intelectual, y deteriora, en consecuencia, la calidad de la enseñanza que imparte. Existen excepciones, pero es difícil negar que una atmósfera no precisamente dinámica gobierna en general los claustros.

¿Puede influir en esta relativa pasividad el nivel de sus bajas retribuciones? Sin duda, y sería por ello una deficiente política educativa contribuir a que la desmoralización por esta causa sirviera de coartada para que las deficiencias que se proyectan sobre más de cinco millones de niños sigan sin remedio.

Efectivamente, la larga historia de las prácticas discriminatorias en la retribución a los maestros no se han resuelto todavía bajo el sistema democrático. Aunque el ministro Maravall haya obtenido de Hacienda durante dos años consecutivos partidas presupuestarias excepcionales para aproximar los ingresos de los profesores a los del resto de los funcionarios, y aunque las retribuciones del profesorado público no universitario hayan crecido durante los tres últimos años por encima de las percibidas por el resto de la Administración civil, también es cierto que el acuerdo de otorgar a los maestros el nivel salarial correspondiente (el 14 según los baremos oficiales) no se ha cumplido. El Gobierno socialista tiene igualmente pendiente el desarrollo de la ley de Reforma de la Función Pública en lo que se refiere al sistema retributivo de los docentes. El Ministerio de Educación anuncia que la discusión del anteproyecto de Estatuto del Profesorado dará ocasión para negociar esa cuestión. Sería lamentable que la Administración socialista no atendiese las expectativas económicas de los maestros y trabara así el derecho a exigirles con rigor una dedicación y cualificación inexcusables.