Policías contra policías

ENVIADO ESPECIAL La investigación sobre la posible implicación de funcionarios de policía en el tráfico de drogas de Ceuta, iniciada de hecho la pasada semana, se encuentra dirigida por dos funcionarios del Cuerpo Superior de Policía adscritos a la Jefatura Superior de Policía. A su vez, en esta semana se ha trasladado a Ceuta un capitán de Policía Nacional de la IV Región Policial (con sede en Sevilla) con la misión de actuar como juez instructor sobre las posibles corruptelas de los miembros de este cuerpo destinados en Ceuta. La guarnición en Ceuta de Policía Nacional agrupa a 216 personas....

ENVIADO ESPECIAL La investigación sobre la posible implicación de funcionarios de policía en el tráfico de drogas de Ceuta, iniciada de hecho la pasada semana, se encuentra dirigida por dos funcionarios del Cuerpo Superior de Policía adscritos a la Jefatura Superior de Policía. A su vez, en esta semana se ha trasladado a Ceuta un capitán de Policía Nacional de la IV Región Policial (con sede en Sevilla) con la misión de actuar como juez instructor sobre las posibles corruptelas de los miembros de este cuerpo destinados en Ceuta. La guarnición en Ceuta de Policía Nacional agrupa a 216 personas.

El pasado día 9 desembarcaban en Ceuta el jefe de la circunscripción policial de Sevilla, comisario Blanco Benítez, bajo cuya jefatura se realiza la investigación, y el jefe de la IV circunscripción policial, coronel Canuto. Blanco Benítez, cuya visita fue calificada oficialmente como de régimen interno, mantuvo entrevistas con Luis Esguevillas, comisario jefe de Ceuta, y se personó en la comisaría central de la ciudad, así como en la de Rosales (cercana a la barriada de El Príncipe, zona de mayoría musulmana y en donde reside gran parte de las mafias de la drogadicción, según explicaron fuentes policiales) y en la del puerto y frontera.

12 implicados

Las primeras valoraciones de la investigación fueron hechas públicas el pasado martes y en ellas se señala el número de 11 miembros de la Policía Nacional y un cabo del referido cuerpo como implicados en presuntas actividades delictivas. Asimismo, las primeras conclusiones sacan a relucir tres implicados de este mismo cuerpo en actividades de contrabando realizadas en junio de 1982. Una de ellas hace referencia a la detención en Algeciras (Cádiz) de J.A.R.P., miembro de la Policía Nacional, a quien se le ocuparon 30 kilogramos de hachís. Fue automáticamente separado del servicio y expulsado del cuerpo, además de pasar a disposición judicial. Actualmente J.A.R.P. tiene recurrido ante el Tribunal Supremo su caso.

En 1982 fue a su vez expedientado, sancionado a dos meses de arresto y trasladado al País Vasco el miembro de la Policía Nacional V.R.M., quien fue interceptado por funcionarios de aduanas de la policía marroquí en la aduana de este país con Ceuta, cuando intentaba introducir ilegalmente en el reino alauí un cargamento de: productos manufacturados, concretamente pañuelos de seda. V.R.M. sufrió, antes de su repatriación a España, los rigores de: la cárcel de Tetuán durante dos meses.

El tercer caso que apunta la, nota de la DGP hace referencia a. B.A.A., quien fue detenido en la frontera, cuando intentaba introducir de contrabando un vídeo y un juego Hatari. Tras su detención se le sancionó dos meses y posteriormente fue trasladado a Cataluña, donde continúa ejerciendo como policía nacional. Los investigadores consideran insuficientes las sanciones aplicadas en su día en estos dos casos de contrabando.

Un último caso, no mencionado en la declaración de la DGP, es el de J.C.R., quien fue detenido en la aduana de Algeciras cuando pretendía pasar dos emisoras de radioaficionado sin la declaración oficial. Fue multado con 50.000 pesetas y arrestado dos meses. Actualmente presta sus servicios en la guarnición de Policía Nacional en Ceuta. Asimismo el pasado día 11 fue interceptado en esa misma aduana un policía nacional ceutí, destinado en Pamplona, que pretendía introducir en la península cuatro kilos de hachís.

Intercambio de acusaciones

Las primeras conclusiones de la investigación han sido totalmente exculpatorias para el Cuerpo Superior de Policía, que en Ceuta agrupa a un colectivo de 35 personas. La DGP niega que existan sospechas "sobre posibles informaciones facilitadas por funcionarios del Cuerpo Superior de Policía que hubieran dificultado la investigación llevada a cabo en la barriada ceutí de El Príncipe" en mayo de este año. En aquella ocasión se culpó al Cuerpo Superior de haber filtrado la fecha de la redada que efectivos policiales pretendían realizar contra traficantes de droga. El delegado del Gobierno en Ceuta, Manuel Peláez, reiteró en el curso de la entrevista que le realizó este periódico su convencimiento de que las sospechas en el tráfico de drogas no afectan ni al Cuerpo Superior ni a la Guardia Civil, que cuenta en Ceuta con 375 personas.

Más ocasiones

Sin embargo, fuentes del Cuerpo de Policía Nacional no comparten las tesis reflejadas en las primeras conclusiones de la investigación. Apuntaban en su argumentación el siguiente dato: la Policía Nacional no actúa directamente en la represión del tráfico de drogas, cometido que realizan los otros dos cuerpos policiales. "Existen menos posibilidades de corrupción en un trabajo que no realizas, que en otro en el que actúas diariamente", agregaron las mismas fuentes. "El cometido de la Policía Nacional en el tema de drogas no pasa de la detención del clásico porrero", añadieron, para precisar que las labores del Cuerpo de Policía Nacional se reducen a documentación y seguridad ciudadana. Sí es posible que la corrupción, admitieron las mismas fuentes, sea debida a cobros por protección efectuada a traficantes.

De hecho, la investigación sobre supuestas corruptelas en los efectivos policiales no ha hecho más que empezar. Las próximas averiguaciones se centrarán en el estudio de cuentas corrientes, gastos y medios de vida, según informaron fuentes policiales, que precisaron que en este cometido son fundamentales las declaraciones de confidentes policiales.

A su vez, la investigación no puede separarse de la realidad del mercado de drogas ceutí, que está prácticamente limitado al cannabis y sus derivados, y reducido en su tráfico a personas de ascendencia marroquí. Sin embargo, es destacable que nadie niega, ni siquiera el delegado del Gobierno, que detrás de estos traficantes se encuentren ciudadanos españoles.