Izquierda Socialista asegura que la política del Gobierno perjudica a los débiles
La corriente de opinión Izquierda Socialista calificó ayer de neoliberal la política económica del Gobierno y criticó las graves consecuencias que, a su juicio, tiene para los sectores sociales más débiles, como la tercera edad, las mujeres, los jóvenes y los marginados.En una reunión de sus representantes en el comité federal del PSOE, varios cargos públicos y numerosos representantes de las bases en las organizaciones territoriales del partido, fue elegido un "equipo de trabajo federal", integrado por diez personas, y una coordinadora con amplia representación. El equipo de trabajo, que diri...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La corriente de opinión Izquierda Socialista calificó ayer de neoliberal la política económica del Gobierno y criticó las graves consecuencias que, a su juicio, tiene para los sectores sociales más débiles, como la tercera edad, las mujeres, los jóvenes y los marginados.En una reunión de sus representantes en el comité federal del PSOE, varios cargos públicos y numerosos representantes de las bases en las organizaciones territoriales del partido, fue elegido un "equipo de trabajo federal", integrado por diez personas, y una coordinadora con amplia representación. El equipo de trabajo, que dirigirá la labor política de la corriente de opinión, está formado por Pablo Castellano (Madrid), Carlos López Riaño (Madrid), Antonio García Santesmases (Madrid), Eugenio Morales (Madrid), José Ramón Agote (Guipúzcoa), Alfonso Fernández Malo (Andalucía), Néstor Padrón (Canarias), Froilan Reina (Murcia), José Luis Sánchez (Aragón) y Vicent Garcés (País Valenciano).
La coordinadora está integrada por los representantes de Izquierda Socialista en el comité federal del PSOE, los diputados y parlamentarios y dos delegados de cada federación.
Izquierda Socialista reiteró en la reunión de ayer, en la que Pablo Castellano explicó su elección como vocal del Consejo General del Poder Judicial, la necesidad de cumplir el compromiso gubernamental de un referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica y opinó que los resultados de la consulta popular son "vinculantes desde el punto de vista ético y político".