Economía estudia la imposición de sanciones por 400 millones a las cajas implicadas en el 'caso Buxeres'
El Ministerio de Economía estudia una propuesta del Banco de España sobre la imposición de sanciones económicas por valor de unos 400 millones de pesetas a 11 entidades de ahorros implicadas en las operaciones bursátiles irregulares del caso Buxeres. En los informes previos elaborados por Economía se indicaba que las cajas de ahorro que negociaron con Alejo Buxeres habían obtenido unos beneficios extrabursátiles de 3.971 millones de pesetas, de los que 2.446 millones fueron operaciones con pacto de recompra efectuadas a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
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El Ministerio de Economía estudia una propuesta del Banco de España sobre la imposición de sanciones económicas por valor de unos 400 millones de pesetas a 11 entidades de ahorros implicadas en las operaciones bursátiles irregulares del caso Buxeres. En los informes previos elaborados por Economía se indicaba que las cajas de ahorro que negociaron con Alejo Buxeres habían obtenido unos beneficios extrabursátiles de 3.971 millones de pesetas, de los que 2.446 millones fueron operaciones con pacto de recompra efectuadas a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
El volumen total contratado por el conjunto de las 16 cajas de ahorros que negociaron con el agente Alejo Buxeres ascendió a 96.557 millones de pesetas. Tras las inspecciones del Banco de España sólo se ha abierto expediente a 11 de las entidades (las cajas de ahorro de Galicia, Albacete, Zamora, Guipúzcoa, Álava, Pamplona, Huelva, Sabadell, Layetana, Terrassa y la CECA).La cuantía de las sanciones propuestas es proporcional al volumen de actividad desarrollada por las respectivas entidades, y oscila entre una de cerca de 100 millones de pesetas -para la Caja de Galicia- y las 40 o 50 millones -para las de Layetana y Sabadell-. La sanción propuesta para la CECA figura entre las más elevadas, por considerarse que su papel de intermediaria resultó básico y necesario para el desarrollo de la operación extrabursátil.
En relación con estas actividades, Miguel Allué, director general de la CECA, señaló el pasado viernes que los responsables de la entidad desconocían el contenido y la magnitud de estas operaciones, por lo que sancionaron a los empleados responsables de las mismas en cuanto conocieron el asunto.
En los expedientes abiertos por el Banco de España se hace referencia a la práctica de operaciones simuladas para encubrir las llamadas operaciones dobles, descritas en los artículos 125 y 126 del Reglamento de las Bolsas de Comercio y prohibidas desde 1940. Fuentes del Ministerio Economía manifestaron que consideraban impropio de las entidades de ahorro la realización de operaciones especulativas arriesgadas, ya que "las cajas no tienen como objetivo la obtención del máximo beneficio, sino el desarrollo de una actividad social".
La resolución de los expedientes tropieza con diversas dificultades. Por una parte, la propuesta del Banco de España de sancionar a las entidades ha sido contestada en medios sindicales, que consideran que, de aplicarse, las sanciones deben recaer sobre los directivos. Esta misma opinión la muestran altos cargos del ministerio, que se muestran partidarios de exigir a los directivos las responsabilidades previstas en los decretos de 1929 y 1977, al tiempo que estiman absurdo penalizar económicamente a unas entidades cuyos beneficios se destinan íntegramente a obras benéfico sociales.
Las operaciones especulativas por las que el agente Alejo Buxeres se comprometía y pactaba con las cajas unos rendimientos de hasta el 12% mensual llevaron a la bancarrota a su despacho el pasado 18 de enero, fecha en que no pudo hacer frente a sus compromisos. El Colegio de Agentes de Barcelona paró el primer golpe aportando 1.079 millones de pesetas para liquidar las operaciones de la semana, pero el agujero descubierto se cifraba en unos 5.000 millones.
Recortes a la obra social
Las investigaciones posteriores pusieron de manifiesto que mientras la mayoría de las cajas y un numeroso grupo de clientes particulares de Buxeres obtuvieron grandes beneficios, la Caja de Ahorros de Sabadell y la Caja de Ahorros Layetana quedaron atrapadas en el embrollo y sufrieron importantes pérdidas. Para evitar peores repercusiones, Sabadell y Layetana destinaron 1.283 y 684,7 millones de pesetas, respectivamente, para el provisionamiento especial de fallidos por el caso Buxeres.Estas cantidades se han descontado del excedente neto obtenido por estas cajas en 1984, que según la ley se destina íntegramente a obras sociales, lo que ha supuesto una importante reducción de recursos para estas actividades. Así, la Caja de Sabadell ha previsto un presupuesto de obras sociales de 184,5 millones de pesetas para 1985, inferior a las cantidades gastadas por este concepto en 1984 y 1983, que fueron 293 y 197,5 millones de pesetas, respectivamente. La Caja Layetana sólo podrá destinar 25 millones de pesetas (sus únicos beneficios en 1984) a su fondo de obras sociales, frente a los 100 que dedicó el año anterior y su presupuesto para 1985 quedará reducido a 68 millones frente a los 90 y 115 respectivos de los dos años anteriores.