Condenados cuatro policías por retirar coches contra la voluntad de sus dueños
Cuatro agentes de la Policía Municipal de Huelva, uno de ellos cabo, han sido condenados por un delito de "coacción" por un juzgado de instrucción por retirar vehículos de la vía pública contra la voluntad de sus dueños.Los policías municipales condenados, Eduardo Robles, Sebastián Peral, José Manuel López y José González, ordenaron retirar de la vía pública cuatro vehículos mal estacionados y exigieron el cobro del traslado hasta el depósito, aun cuando los respectivos propietarios se ofrecían a retirar los automóviles personalmente.
La pena impuesta se eleva, para cada uno de ellos, a...
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Cuatro agentes de la Policía Municipal de Huelva, uno de ellos cabo, han sido condenados por un delito de "coacción" por un juzgado de instrucción por retirar vehículos de la vía pública contra la voluntad de sus dueños.Los policías municipales condenados, Eduardo Robles, Sebastián Peral, José Manuel López y José González, ordenaron retirar de la vía pública cuatro vehículos mal estacionados y exigieron el cobro del traslado hasta el depósito, aun cuando los respectivos propietarios se ofrecían a retirar los automóviles personalmente.
La pena impuesta se eleva, para cada uno de ellos, a un mes y un día de arresto mayor, multa de 30.000 pesetas o 15 días de arresto sustitutorio en caso de impago de la misma y a indemnizar a los propietarios de los vehículos con cantidades que oscilan entre las 2.500 y 5.000 pesetas:
La conducta delictiva de los agentes municipales surge, según consta en la sentencia, "cuando pasan a exigir el pago de la tasa en el momento de solicitar los denunciantes ser ellos quienes retiraran el vehículo, a lo que están facultados".
Se añade más adelante que el Código de Circulación "no establece que en ese supuesto la tasa deba ser pagada como requisito previo para el ejercicio del derecho de retirada".
Por lo que respecta a los eximentes de obediencia debida y cumplimiento del deber, la sentencia indica que los agentes "pudieron y debieron" examinar la legalidad de la instrucción recibida, "porque a ningún funcionario se le exige, en el momento de sus funciones, obediencias ciegas ante los mandatos u órdenes recibidas".
A juicio de la magistrada, los agentes obraron fuera de la ley, por lo que no pudieron actuar ni ejercitando un derecho ni cumpliendo un deber, según dice textualmente el fallo.