Los partidos gallegos hacen balance

Sobre la ría de Pontevedra, a poco más de 50 kilómetros de, Santiago de Compostela, sede del Gobierno y el Parlamento gallegos, está el pequeño chalé donde pasa el mes de agosto el vicepresidente de la Xunta, José Luis Barreliro. Desde allí, y con ayuda a veces de su teléfono sin cables, el hombre que, según todos, maneja los hilos del Gobierno autónomo controla cada movimiento de la política gubernamental, incluidos los pormenores de la televisión autonómica, que inicia ahora su andadura. "Es natural", confiesa Barreiro, sentado al borde de la minúscula piscina de la casa; "un ministro puede ...

Sobre la ría de Pontevedra, a poco más de 50 kilómetros de, Santiago de Compostela, sede del Gobierno y el Parlamento gallegos, está el pequeño chalé donde pasa el mes de agosto el vicepresidente de la Xunta, José Luis Barreliro. Desde allí, y con ayuda a veces de su teléfono sin cables, el hombre que, según todos, maneja los hilos del Gobierno autónomo controla cada movimiento de la política gubernamental, incluidos los pormenores de la televisión autonómica, que inicia ahora su andadura. "Es natural", confiesa Barreiro, sentado al borde de la minúscula piscina de la casa; "un ministro puede irse de vacaciones tranquilamente, porque la Administración central está muy montada ya, es algo que funciona solo; pero si un conselleiro se va de vacaciones se organiza un lío tremendo".Este desvelo por los asuntos de gobierno está íntimamente ligado a lo que Barreiro considera como uno de los logros esenciales de la Xunta de Galicia: el haber arraigado en la comunidad la propia institución autonómica. "Hay que comprender", dice, "que aquí no había ninguna tradición parlamentaria, ni el más mínimo aparato administrativo. Además de que hemos pasado de tener las menores transferencias, cuando nos hicimos cargo del poder, a tenerlo prácticamente todo". Aunque dentro de este prácticamente queda un apartado clave, el Insalud, cuyo presupuesto de 60.000 millones de pesetas es casi la mitad del presupuesto global de la Xunta en el año 1984.

Para el vicepresidente del Gobierno autónomo, lo de, menos es que las nueve consellerías que lo constituyen estén un tanto desperdigadas por edificios de Santiago, desde el palacio de Raxoy hasta insólitos pisos de alquiler. No sólo porque están muy avanzados los trabajos de reforma del casón de San Caetano, que albergará en breve todo el tinglado administrativo autonómico tras una inversión de más de 2.000 millones de pesetas, "sino porque lo importante", añade Barreiro, "es que estén o no en pisos de la ciudad, todo el mundo sabe dónde están. Lo importante es que estamos organizados, que se ha creado una Administración suficientemente eficaz, de acuerdo con nuestras necesidades". Una Administración que se sostiene sobre más de 1.100 funcionarios en las sedes gubernamentales y otros 40.000 repartidos por toda la comunidad.

Déficit bajo

El vicepresidente de la Xunta se siente orgulloso además del trabajo parlamentario que se ha desarrollado en estos últimos cuatro años. "Ahí están leyes tan importantes como la del Suelo, la de Normalización de la Lengua Galega y una política de inversiones que ha abordado los principales problemas de Galicia, desde la red viaria hasta la reforma de numerosos puertos, pasando por la construcción de un puente sobre la ría de Arousa, sin que en estos momentos tengamos ningún déficit, porque los 8.000 millones de pesetas a que éste asciende no pueden considerarse una cantidad digna de mención".

"No es que el déficit sea bajo, es que en 1984 ha habido consellerías que sólo han gastado el 22% de su presupuesto y que han tenido que realizar inversiones, a veces descabelladas, a última hora para invertir el resto", afirma Pablo González Mariñas, el candidato a la Xunta por Coalición Galega.

Para González Mariñas, la Xunta, "que ni siquiera ha expuesto un programa de Gobierno", no ha abordado, sino muy a última hora, los principales problemas de la región, tales como la electrificación rural o la concentración parcelaria. Antonio Olives, secretario del Parlamento, también de CG, culpa al Gobierno que preside Gerardo Fernández Albor de haber llegado tarde también a la hora de afrontar algunos temas tan fundamentales como el de la reconversión naval. "Ahí están esos 4.000 millones de pesetas de ayuda a este sector que no han podido ser utilizados por falta de caminos para la inversión". Otros, como Suso Seixo, uno de los principales nombres dentro del sindicato nacionalista INTG (Intersindícal Galega), -que se ha mostrado especialmente activo en los últimos conflictos registrados en el sector naval- están firmemente convencidos de que no hay tal despiste o ineficacia por parte de la Xunta en este punto. "Simplemente, Alianza Popular y el PSOE están plenamente de acuerdo en lo que respecta a los grandes temas económicos".

No obstante, la precampaña electoral de Coalición Popular en Galicia se ha centrado en la crítica a la política socialista de reconversión del sector naval y a los acuerdos pesqueros, en cuya firma ha tenido especial protagonismo el candidato a la presidencia de la Xunta del PSGA-PSOE, Fernando González-Laxe, actual director general de Ordenación Pesquera. González-Laxe reúne en la breve biografía de sus 32 años todos los méritos del galleguismo: antiguo integrante del Partido Socialista Galego, miembro del prestigioso Seminario de Estudios Galegos -institución que recoge toda una tradición cultural gallega- y secretario general de Adega (Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia) durante cinco años.

A este pedigrí político y nacionalista une un decidido intento de alianza con los sectores que representan en su opinión la Galicia moderna. Desde diseñadores como Adolfo Domínguez hasta grupos de la movida rockera de La Coruña o Vigo -caso de SemenUp, por ejemplo-, pasando por industriales abiertos a la idea de Europa, todo es válido para sostener un mensaje de modernización y desarrollo. Pero es quizá ese acuerdo pesquero con la Comunidad Económica Europea lo que más seguro le hace sentirse a González-Laxe a la hota de valorar sus méritos. "De 106 licencias de pesca en 1985 hemos pasado a 150 en 1986, y en lo que respecta a la merluza, de las 8.900 toneladas autorizadas en 1985 hemos pasado a las 18.000 toneladas para 1986". El más discutible acuerdo con Portugal, que, según otras fuentes, vulnera seriamente los intereses pesqueros de la zona de Marín y Vigo, sólo es negativo, según el director general de Pesca, para "14 barcos de los 5.000 que componen la flota gallega".