Impresos médicos

Vemos cómo esporádicamente saltan a la opinión pública polémicas mantenidas entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Organización Médica Colegial. Se aprecia en casi todas la habilidad de la organización médica al teñir los enfrentamientos con el barniz de lo deontológico. En la mente de todos estará la ley de Reforma Sanitaria, con el apéndice sobre la "libre elección de médico", la aplicación de la ley del aborto o el último asunto en el que parecería que el ministerio se propusiera debilitar a los colegios médicos, no exigiendo colegiación a los médicos que trabajen para la Adm...

Vemos cómo esporádicamente saltan a la opinión pública polémicas mantenidas entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Organización Médica Colegial. Se aprecia en casi todas la habilidad de la organización médica al teñir los enfrentamientos con el barniz de lo deontológico. En la mente de todos estará la ley de Reforma Sanitaria, con el apéndice sobre la "libre elección de médico", la aplicación de la ley del aborto o el último asunto en el que parecería que el ministerio se propusiera debilitar a los colegios médicos, no exigiendo colegiación a los médicos que trabajen para la Administración.Supongo que, en el fondo, el señor Rivera estará contento, pues la estrategia funciona, en el sentido de que. los duros no se los toquen. Por si alguien todavía no lo sabe, la Organización Médica Colegial ingresa en caja, y en metálico, más de 2.000 millones de pesetas anuales por la venta de papelitos (impresos de certificados iniprescindibles para conducir, para morirse, para practicar un, deporte, etcétera). ¿Qué colectivo profesional (o no) cuenta en España, o en Europa, o en el mundo, con el injusto privilegio de una financiación similar que posibilita, con la aquiescencia del Estado, un escandaloso agravio comparativo?

Animo desde aquí a los administrativos, repartidores, enfermeras, taxistas y feriantes, y en general a todos los colectivos de trabajadores, a plantearse la edición de cualquier tipo de impreso e instar al Estado a fin de que haga exigible su consumo a cuantos utilicemos sus servicios.

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