Reportaje:La polémica Arzallus-Bandrés

La tenaza del nacionalismo en Euskadi

El moderado PNV y el radicalismo 'abertzale' actúan como pinzas contra el 'enemigo' común

El 13 de julio de 1983, un joven donostiarra moría en el puerto de San Sebastián tras hacer explosión en sus manos un artefacto que se disponía a colocar en un puesto de la Guardia Civil. La izquierda abertzale convocó de inmediato, de viva voz y mediante carteles, una huelga general de toda la parte vieja de la ciudad, de la que era vecino el activista fallecido. Varios piquetes recorrieron el barrio transmitiendo la noticia y conminando a los comerciantes a cerrar sus tiendas. La mayoría de ellos bajó las persianas de inmediato. Los que no lo hicieron serían víctimas, unos días despué...

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El 13 de julio de 1983, un joven donostiarra moría en el puerto de San Sebastián tras hacer explosión en sus manos un artefacto que se disponía a colocar en un puesto de la Guardia Civil. La izquierda abertzale convocó de inmediato, de viva voz y mediante carteles, una huelga general de toda la parte vieja de la ciudad, de la que era vecino el activista fallecido. Varios piquetes recorrieron el barrio transmitiendo la noticia y conminando a los comerciantes a cerrar sus tiendas. La mayoría de ellos bajó las persianas de inmediato. Los que no lo hicieron serían víctimas, unos días después, de amenazadoras pintadas realizadas en las puertas de sus establecimientos.El hecho no tendría mayor relieve a no ser por el detalle, revelado por uno de los afectados en una carta abierta publicada en un diario local, de que los únicos establecimientos que el 13 de julio de 1983 se habían resistido a la orden de cierre eran los mismos únicos establecimientos -con la excepción de un bar y una tienda- que habían osado seguir desde el primer momento la consigna de huelga general lanzada por la oposición antifranquista con motivo del juicio de Burgos y los fusilamientos de Txiki, Otaegui y tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), en diciembre de 1970 y septiembre de 1975, resppctivamente.

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Naturalmente, el dato, en sí mismo anecdótico, no significa que todos los que se alinean hoy en las filas del radicalismo abertzale se caracterizen por su anterior convivencia pacífica con la dictadura (entre otros motivos, porque muchos de los antifranquisitas retrospectivos de hoy apenas si habían hecho la primera comunión cuando el dictador estaba vivo). Pero, el ejemplo sí sirve para ilustrar, al menos como síntoma, la evidencia de que el entusiasmo posterior al 20-N de muchos arrebatados guerrilleros in péctore de hoy ("ETA, ETA, más metralletas") es a menudo, inversamente proporcional al entusiasmo realmente expresado antes de dicha fecha.

Nada de lo que ocurre actualmente en Euskadi puede entenderse sin tener en cuenta ese dato.

La cancha que en determinados medios y tribunas públicas, y nada menos que para amenazar de muerte a otras personas, se viene concediendo a los polimilis de la VIII Asamblea, heroicos autores de proezas tan arriesgadas como la ejecución -tras robarle el reloj- del capitán Martín Barrios, sólo se explica como efecto de una monumental mala conciencia, reforzada por la fascinación hipnótica, género Estocolmo, que sobre determinadas personas ejercen quienes pueden quizá secuestrarles mañana y, por otra parte, se permiten hablar fuerte por el hecho de fotografiarse con pistolas y lanzagranadas sobre la mesa.

Por grande que haya podido ser la torpeza de Bandrés en su réplica a Arzallus, no podía ignorar este último que desde comienzos del verano las paredes de Euskadi estaban cubiertas por carteles, firmados con la nada ambigua sigla de la coordinadora KAS, en la que se acusaba al diputado de Euskadiko Ezkerra (EE) de ser un "instigador de los GAU. Todavía el 17 de agosto, 24 horas antes de que, desde las páginas de Deia, Arzallus pusiera públicamente en cuestión las convicciones nacionalistas de Bandrés, Herri Batasuna acusaba al presidente de EE -así como a Fraga y a Urralburu- de responsabilidad moral en el intento de incendio de la sede en Pamplona de la coalición abertzale. Dirigentes de esta última habían anunciado ya, por lo demás, su intención de presentar una querella criminal contra Bandrés.

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No es la primera vez que el nacionalismo moderado y el abertzalismo más radical se ponen de acuerdo para actuar en tenaza, ni es la primera en que precisamente Euskadiko Ezkerra, partido calificado en el último comunicado de los polimilis "enemigo principal", se ve pillado entre ambas pinza

El papel de mediador que, según trascendió a mediados de julio, habría intentado jugar Euskadiko Ezkerra en un nuevo intento, concretado entre los meses de mayo y junio, de entrar en contacto con la dirección de ETA Militar para negociar el cese de la violencia, sería la causa, en opinión de las fuentes que comunicaron el hecho, de la campaña del abertzalismo radical contra dicho partido, y en particular contra su presidente. El recurso a Euskadiko Ezkerra se habría producido precisamente "para evitar que Herri Batasuna interfiriera en los contactos y torpedease la posible negociación exigiendo un protagonismo que el Gobierno considera inadmisible".

En un artículo publicado la semana pasada en el diario Le Monde, personas a las que el autor del reportaje calificaba de "habituales portavoces de ETA en San Sebastián" se declaraban convencidas de que la actitud de la organización armada es hoy "más flexible que en el pasado", hasta el punto de que ya sólo esperarían "alguna concesión formal del Gobierno español para poder dejar las armas afirmando que la lucha no fue inútil". El periodista atribuía a esos portavoces las sugerencia de que ese "gesto formal" del Gobierno español pudiera ser "el reconocimiento teórico del derecho a la autodeterminación, del que por el momento no se haría uso".

En parecidos términos se expresó hace un año el letrado Iñaki Esnaola, abogado de numerosos presos de ETA y miembro de la mesa nacional de Herri Batasuna. Quizá por ello, el lendakari Ardanza, en una entrevista aparecida también estos días en Le Monde, rechazaba la hipótesis de una negociación política con ETA, pero admitía, en referencia implícita a Herri Batasuna, la posibilidad de entablar contactos con "fuerzas que han dado muestras de poseer una representatividad ante el electorado".

Mediación y asesinatos

En lo que va de año, ETA ha asesinado a un total de 28 personas, es decir, tantas como víctimas de la organización terrorista se produjeron a lo largo de todo el año anterior. La mayoría de los asesinatos de este año se ha concentrado en de mayo y junio, justamente en el momento en que se producía ese último intento de mediación. Algunos comentaristas que pasan por expertos en la cuestión aseguraron por entonces que la ofensiva de ETA sólo tenía una lectura posible: ETA quiere negociar.

La tentación de atribuir desde fuera a los atentados de ETA un significado ulterior al hecho en sí es tan vieja como el silencio de la propia organización terrorista sobre la cuestión. Sin embargo, la citada tentación presupone que ETA pretendería algo más que matar cuando mata, lo que es una tesis altamente discutible.

Así, ante la duda, y puesto que lo único evidente es que ningún posible interlocutor podría negociar mientras ETA siga matando, la conclusión más razonable parece ser la de que, al menos por el momento, ETA no quiere negociar.

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