Rígido control

Mariano Sanz, uno de los responsables del departamento de concesión de becas del Instituto Nacional de Ayuda y Promoción del Estudiante (INAPE), asegura que actualmente se defrauda relativamente poco porque "los padres se han dado cuenta de que los controles son muy estrictos". Sanz recuerda su asombro cuando en 1981 llegó al departamento y se le informó que desde hacía muchos años no se efectuaba la más mínima revisión en las solicitudes de becas.A partir de 1982 la Administración comenzó a vigilar las solicitudes dudosas que llegan hasta el INAPE. Estas dudas surgen, seg...

Mariano Sanz, uno de los responsables del departamento de concesión de becas del Instituto Nacional de Ayuda y Promoción del Estudiante (INAPE), asegura que actualmente se defrauda relativamente poco porque "los padres se han dado cuenta de que los controles son muy estrictos". Sanz recuerda su asombro cuando en 1981 llegó al departamento y se le informó que desde hacía muchos años no se efectuaba la más mínima revisión en las solicitudes de becas.A partir de 1982 la Administración comenzó a vigilar las solicitudes dudosas que llegan hasta el INAPE. Estas dudas surgen, según señala Mariano Sanz, cuando no concuerdan las declaraciones de un año con las de los anteriores, cuando se produce una denuncia o cuando los datos de la declaración del impuesto sobre la renta que adjunta el solicitante no coinciden con los del centro de proceso de datos del Ministerio de Hacienda, primera de las entidades oficiales a la que se consulta.

Una vez se tiene constancia de que la solicitud presenta irregularidades graves, se ponen en funcionamiento los mecanismos de inspección. La ayuda de la Guardia Civil y de las Cámaras Alarias, añade Mariano Sanz, se requiere muy a menudo.

Finalmente, si se comprueba que han falseado u ocultado datos, los autores quedan en evidencia ante las autoridades académicas, que les obligan a devolver el importe de la beca; ante las autoridades judiciales, ya que ha habido falsedad de documento público, y ante las autoridades fiscales, que reciben con puntualidad un informe que asevera el fraude.

Todos los datos de la inspección, así como la identidad de los defraudadores, se publican cada año en el Boletín Oficial del Estado.