Centros públicos acogeran a los ancianos de las residencias ilegales de Villaviciosa

Joaquín Guillén, director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, declaró ayer que se ha movilizado a todos los organismos que prestan servicio público a los ancianos para garantizar el alojamiento de las personas que se encuentran internadas en dos residencias ilegales, situadas en la localidad de Villaviciosa de Odón, que serán desalojadas él próximo viernes.Guillén precisó: "No se ha podido determinar un alojamiento definitivo porque se desconoce la situación en la que se halla cada una de estas personas, entre las que se encuentran, al parecer, enfermos crónicos y perturba...

Joaquín Guillén, director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, declaró ayer que se ha movilizado a todos los organismos que prestan servicio público a los ancianos para garantizar el alojamiento de las personas que se encuentran internadas en dos residencias ilegales, situadas en la localidad de Villaviciosa de Odón, que serán desalojadas él próximo viernes.Guillén precisó: "No se ha podido determinar un alojamiento definitivo porque se desconoce la situación en la que se halla cada una de estas personas, entre las que se encuentran, al parecer, enfermos crónicos y perturbados mentales a los que habrá que ingresar en centros adecuados".

"Por el momento", añadió Guillén, "desconocemos el. número exacto de ancianos que están recogidos en estas residencias. Lo que podemos hacer es tratar de mantener disponibles en los centros públicos y en los privados subvencionados el mayor número de plazas posibles -que son muy pocas, puesto que existe un déficit enorme- para alojar a aquellas personas que no sean recogidas por sus familiares antes del desalejo".

Las residencias de Santa Ana y Virgen de la Fuensanta están instaladas en dos viviendas unifamiliares de la urbanización El Castillo, situada en el kilómetro 7 de la carretera de San Martín de Valdeiglesias.

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, localidad de 6.000 habitantes situada a 20 kilómetros de Madrid, comprobó a través de una visita de sus inspectores que los centros, además de carecer de licencia, no reúnen las debidas condiciones sanitarias.

La comunidad de vecinos de la urbanización denunció el alto índice de mortalidad y las, pésimas condiciones sanitarias de las residencias (ver EL PAIS del 16 de julio).