Todos contentos

Las organizaciones de la enseñanza privada que recurrieron en su día contra las órdenes ministeriales sobre subvenciones expresaron ayer su satisfacción porque el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por el Fiscal del Estado contra la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a dichas organizaciones.Este sentimiento de satisfacción es compartido, aunque por razones diferentes, claro, por el Ministerio de Educación, para quien el alto tribunal "ha subrayado la constitucionalidad de que la fijación de los criterios de ayudas a centros privados atienda, e...

Las organizaciones de la enseñanza privada que recurrieron en su día contra las órdenes ministeriales sobre subvenciones expresaron ayer su satisfacción porque el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por el Fiscal del Estado contra la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a dichas organizaciones.Este sentimiento de satisfacción es compartido, aunque por razones diferentes, claro, por el Ministerio de Educación, para quien el alto tribunal "ha subrayado la constitucionalidad de que la fijación de los criterios de ayudas a centros privados atienda, entre otras posibles circunstancias, a las condiciones sociales y económicas de los destinatarios finales de la educación".

Para el Ministerio, pues, lo importante es que en esta nueva sentencia se mantiene la filosofía sobre la financiación de la enseñanza privada que introduce la ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

Como sucediera cuando se conoció la sentencia sobre el recurso previo de inconsticionalidad contra la LODE, las partes enfrentadas con tal motivo se muestran ahora igualmente satisfechas, con independencia de la literalidad del fallo. Con ocasión de la sentencia sobre la LODE, tanto los diputados recurrentes del Grupo Parlamentario Popular como las organizaciones de la enseñanza privada afines a aquéllos, sobrevaloraron la doctrina de la sentencia por encima del fallo. Éste, en esencia, ratificó la plena constitucionalidad de la ley, salvo en un mínimo aspecto de la misma.

Ahora, es el Ministerio el que concede más valor a la doctrina de fondo contenida en la sentencia que a un fallo que, en estricto sentido, le es contrario.

Carmen Alvear, presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres (Concapa), deduce de la sentencia que el Ministerio tendrá que variar a partir de ahora su política educativa si quiere seguir una política coherente".

También a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), le ha producido "gran satisfacción" la sentencia, porque si no, hubiéramos tenido grandes problemas para el mantenimiento de la gratuidad de la enseñanza", señaló su portavoz.