Guerra declaró que tenía documentos de AP a través del "Jefe de prensa"

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, declaró al juez José María Vázquez Honrubia, instructor del sumario sobre el espionaje político, que algunos documentos de Alianza Popular que tuvo en su poder antes de que hubieran sido hechos públicos le llegaban a través del "jefe de prensa", según consta en el citado sumario.Personas que han conocido el texto de las citadas declaraciones de Guerra -contenidas en una sola hoja de papel por ambas caras- han indicado que el vicepresidente del Gobierno no precisó a qué jefe de prensa se refería en concreto, si bien en la misma respuesta añadió ca...

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, declaró al juez José María Vázquez Honrubia, instructor del sumario sobre el espionaje político, que algunos documentos de Alianza Popular que tuvo en su poder antes de que hubieran sido hechos públicos le llegaban a través del "jefe de prensa", según consta en el citado sumario.Personas que han conocido el texto de las citadas declaraciones de Guerra -contenidas en una sola hoja de papel por ambas caras- han indicado que el vicepresidente del Gobierno no precisó a qué jefe de prensa se refería en concreto, si bien en la misma respuesta añadió casi textualmente: "No conozco al jefe de prensa. Me llegaban a través de la secretaría. Los documentos se repartían a los periodistas muy cerca de mi despacho del Congreso y alguno me llegaba".

En la misma declaración, Guerra indicó al juez que en ningún caso tuvo documento alguno o textos de discursos de dirigentes de AP con mayor antelación de cinco o diez minutos sobre la hora de su difusión, extremo totalmente contradictorio con la declaración del dirigente de AP Jorge Verstrynige, quien afirmó que el vicepresidente del Gobierno había exhibido documentos del partido conservador varias horas antes de hacerse públicos.

Por otro lado, dirigentes del Partido Demócrata Popular (PDP) expresaron ayer su intención de nombrar a un representante para que se persone en nombre del partido en el sumario abierto por el espionaje político, ya que, según estos dirigentes del contenido del propio sumar¡o se desprende que también ese partido fue objeto de espionaje policial.

A lo largo de la jornada de ayer, fueron muy escasas las reacciones registradas en los círculos gubernamentales y de partidos sobre la decisión del juez Vázquez Honrubia de instar al Tribunal Supremo a que reclame su competencia sobre la causa. El secretario del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval -sobre el que pesan indicios o sospechas de que puede ser procesado-, declaró ayer a Efe que el magistrado "está en su derecho, y a lo mejor en su deber" de adoptar la decisión que ha tomado. Martín Toval, que es secretario general del Grupo Socialista del Congreso, dijo que no pensaba entrar en polémica con José María Ruiz Gallardón, quien anteayer dijo que tanto Martín Toval como Alfonso Guerra podían encontrarse en una situación dificil.

Ruiz Gallardón, a la cárcel

Por su parte, el secretario de Imagen del PSOE, Guillermo Galeote, manifestó ayer, al referirse al espionaje político, que, "después de todo este lío, si alguien va a la cárcel ése es Ruiz Gallardón", según informó Efe.Tanto en medios próximos al vicepresidente del Gobierno como en el Ministerio del Interior no se produjo ayer comentario oficial alguno sobre la decisión del juez Vázquez Honrubia. No obstante, algunos parlamentarios socialistas comentaron en privado que los miembros del Gobierno y los dirigentes del PSOE estaban molestos por las consecuencias políticas que podían originar las decisiones judiciales relacionadas con el espionaje político. Por el contrario, en la sede de Alianza Popular se registraba ayer una gran satisfacción por la decisión de Vázquez Honrubia, si bien un alto cargo del partido precisó que ahora hay que esperar a conocer la decisión que tome la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. En el caso de que el alto tribunal se declare competente sobre la causa tendrá que decidir qué personas pueden ser procesadas como presuntas autoras de diversos delitos relativos al descubrimiento de secretos y a la perturbación del pluralismo político.