Las empresas comercializadoras de gas que no alcancen sus objetivos sufrirán penalizaciones

El protocolo del gas, que el Ministerio de Industria y Energía ultima estos días con las empresas públicas y privadas del subsector, impondrá una penalización económica a aquellas compañías comercializadoras que no alcancen los objetivos de ventas a los que se han comprometido con la Administración y con la Empresa Nacional del Gas (Enagas). Asimismo, el Gobierno piensa utilizar los 150.000 millones de pesetas que se invertirán en el desarrollo del gas en España en los tres próximos años como mecanismo adicional para el relanzamiento económico en el sector industrial.

El protocolo del g...

El protocolo del gas, que el Ministerio de Industria y Energía ultima estos días con las empresas públicas y privadas del subsector, impondrá una penalización económica a aquellas compañías comercializadoras que no alcancen los objetivos de ventas a los que se han comprometido con la Administración y con la Empresa Nacional del Gas (Enagas). Asimismo, el Gobierno piensa utilizar los 150.000 millones de pesetas que se invertirán en el desarrollo del gas en España en los tres próximos años como mecanismo adicional para el relanzamiento económico en el sector industrial.

El protocolo del gas, cuya elaboración coincidió con el anuncio hace un mes por el ministro de Industria y Energía de un plan para relanzar los consumos de gas natural en España, está en la recta final. Las empresas privadas del subsector, las públicas Enagas y Butano, SA, y la Administración han llegado, prácticamente, a un acuerdo sobre el contenido del mismo, que permitirá su firma antes de que comiencen las vacaciones estivales.Aparte de la mayor participación del sector privado en el futuro del gas natural en España y de la entrada de Butano, SA, en su comercialización, lo más llamativo del último borrador del mencionado protocolo es, quizá, lo que en algunos medios se ha denominado el traspaso a las empresas comercializadoras de la cláusula take o pay del contrato de suministro de gas con Argelia. Esto es, la fijación por la Administración de una penalización a aquellas empresas comercializadoras que no alcancen los objetivos de ventas a los que se comprometieron cuando obtuvieron las concesiones administrativas.

Política energética

La Administración pretende que el gas suponga, al término de la década, el 6,6% de la energía primaria consumida. El consumo de gas natural apenas alcanza el 3,3% de la energía primaria, frente a un 20% de media en los países de la CEE.Los responsables energéticos del Gobierno están convencidos de que el fuerte impulso que recibirá el desarrollo del gas natural en España no obedece a un capricho ni es el fruto del reciente acuerdo de suministro con Argelia. Por el contrario, se trata de una política que tiene "'sentido energético" y que, en momentos de crisis, puede servir como motor para el relanzamiento del sector industrial. Para alcanzar este propósito, la Administración estima unas inversiones entre 130.000 y 150.000 millones de pesetas, de las que unos 75.000 millones corresponderán a Enagas, como sociedad distribuidora. El resto se hará en infraestructura comercializadora.

El protocolo del gas tiene prevista una política de precios que servirá de estímulo a las inversiones. En este sentido se fijará un precio único de venta al público, o a las empresas, pero al mismo tiempo se establecerán unos baremos que determinen unos márgenes diferentes en la venta de la distribuidora a las comercializadoras finales. Estos márgenes se calcularán en función de las inversiones y el grado de amortización que tengan las empresas ya instaladas.

El protocolo del gas prevé un reparto racional del mercado en función de las empresas ya existentes y de las que tendrán que crearse en aquellas zonas donde no existe una infraestructura, pero donde llegará en plazo breve el gas natural. Así, el documento deja en manos de Enagas la distribución y comercialización del gas a clientes industriales por encima de un nivel de consumo (10 millones de termias, aunque el listón será flexible), y reconoce a las empresas privadas o autonómicas ya creadas su papel preponderante en sus respectivos mercados.