El estado de necesidad y la 'indicación excluidos de la ley del aborto

El estado de necesidad y la llamada indicación social han quedado descartados de los supuestos de despenalización del aborto, después de que la Mesa del Congreso rechazara ayer sendas enmiendas de los grupos Socialista y Mixto. "En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso", decía el texto del PSOE referido al primer supuesto.Las 23 enmiendas aceptadas pasarán el próximo viernes a la Comisión de Justicia e Interior, de donde habrá de salir un texto que se ajuste a la sentencia del Tribunal Constitucional. La oposició...

El estado de necesidad y la llamada indicación social han quedado descartados de los supuestos de despenalización del aborto, después de que la Mesa del Congreso rechazara ayer sendas enmiendas de los grupos Socialista y Mixto. "En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso", decía el texto del PSOE referido al primer supuesto.Las 23 enmiendas aceptadas pasarán el próximo viernes a la Comisión de Justicia e Interior, de donde habrá de salir un texto que se ajuste a la sentencia del Tribunal Constitucional. La oposición no descarta que en ese trámite vuelva a reabrirse la polémica sobre el aborto.

Una tercera enmienda rechazada correspondía al Grupo Popular, que abogaba por no despenalizar ni siquiera los tres supuestos -terapéutico, ético y eugenésico- del proyecto y tan sólo considerarlos como eximentes a la hora de enfrentarse penalmente con el delito.

Siempre delito

El vicepresidente del Congreso, Leopoldo Torres, compareció ayer ante los informadores para dar cuenta de los trabajos de la Mesa sobre la admisión de enmiendas. "La Mesa ha actuado en conexión múltiple y simultánea con Copenhague", aclaró Torres, dado que tres miembros de la misma, incluido el presidente Gregorio Peces-Barba, se encuentran de viaje oficial en Dinamarca. El vicepresidente explicó que la Mesa, con la abstención del popular Antonio Carro, había rechazado una enmienda del Grupo Popular en la que se establecía que el aborto en todos los casos es delito, incluido en los tres supuestos, que, no obstante, pasarían a ser eximentes. "Ni la sentencia del tribunal ni el proyecto entra en el terreno de las eximentes", dijo Torres.

Una vez conocida esta decisión, el Grupo Popular difundió una nota en la que lamentaba la misma. "Con esta acción se cierra cualquier alternativa a la situación escogida por el Gobierno socialista, y se plantea el tema ya únicamente en la vía de la despenalización expresa", dice en su nota el Grupo Popular. La oposición conservadora hablaba repetidamente en esta enmienda del aborto como delito y situaba los tres supuestos como eximentes a la hora de que las abortistas tuvieran que enfrentarse con la justicia.

La segunda parte de la enmienda socialista rechazada decía así: "En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso". Según el presidente en funciones Leopoldo Torres, la Mesa ha considerado que el texto de sus compañeros de partido no tenía encaje dentro de la sentencia del Tribunal Constitucional. "Además la eximente del estado de necesidad ya está en el Código Penal", matizó Torres.

Los diputados comunistas pedían sin eufemismos en su única enmienda que el aborto fuera despenalizado en los supuestos de peligro fisico, psíquico o social de la embarazada. La Mesa ha eliminado de esa enmienda el vocablo "social".

23 enmiendas

Por tanto, 23 enmiendas serán objeto de discusión el próximo viernes en la comisión de Justicia e Interior del Congreso, que tiene como misión llevar a efecto la despenalización del artículo 417 bis del Código Penal, o despenalización del aborto en tres supuestos, de forma acorde a lo dictado por el Tribunal Constitucional.

La mayor novedad que encierra esta segunda lectura del proyecto, a la luz de los considerandos del Tribunal Constitucional, es que se despenaliza el aborto en los supuestos de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada. Asimismo no serrá punible la conducta de la embarazada aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos. Caerán, sin embargo, en el campo de la acción penal los médicos que practicaran tal aborto.

La acreditación de centros para la interrupción del embarazo lleva consigo que éstos caigan en el ámbito de la Seguridad Social y, por tanto, su gratuidad. En la Comisión de Justicia el Grupo Popular intentará que los votos socialistas avalen sus enmiendas sobre asesoramiento previo de la embarazada antes de abortar, y las consecuencias de su acción. "Este asesoramiento deberá, en todo caso, contribuir a superar las causas que podrían conducir a la mujer a interrumpir el embarazo. Si tras un período de reflexión de una semana, la mujer persiste en su voluntad de abortar, habrá de confirmar su consentinúento por escrito", dice una de las enmiendas populares.

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