La protesta del Ministerio del Interior, transmitida a la Fiscalía del Estado, desencadenó la sustitución de Emilio Valerio

El ministro del Interior, José Barrionuevo, y el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, desmintieron ayer que haya existido ninguna comunicación entre ambos en relación con el relevo del fiscal Emilio Valerio como encargado del caso por el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard. Las fuentes jurídicas citadas ayer por EL PAIS ratificaron lo publicado por este periódico, y en especial el hecho de que la protesta de los servicios de espionaje, hacia los que el fiscal Valerio intentó dirigir la investigación, fue comunicada al Ministerio del Interior, y esto desen...

El ministro del Interior, José Barrionuevo, y el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, desmintieron ayer que haya existido ninguna comunicación entre ambos en relación con el relevo del fiscal Emilio Valerio como encargado del caso por el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard. Las fuentes jurídicas citadas ayer por EL PAIS ratificaron lo publicado por este periódico, y en especial el hecho de que la protesta de los servicios de espionaje, hacia los que el fiscal Valerio intentó dirigir la investigación, fue comunicada al Ministerio del Interior, y esto desencadenó la sustitución de Valerio.

El Gabinete de Prensa del Ministerio del Interior y después el propio José Barrionuevo, este a través de TVE, desmintió "clara y rotundamente" que haya existido personalmente "ningún contacto ni ninguna instrucción" al fiscal general del Estado en relación con este tema. (Ver en página 7 una carta de Barrionuevo sobre el conflicto). Por su parte, una nota de la Fiscalía General del Estado hecha pública ayer asegura que "es absolutamente falso que el excelentísimo señor ministro del Interior hiciese indicación alguna -y mucho menos diese instrucciones a esta Fiscalía, para que el fiscal que intervenía en el caso Brouard fuese apartado del mismo, ni esta Fiscalía podría admitir tal clase de instrucciones, por caer fuera de la competencia de aquel Ministerio".El contenido de estos mentís y el hecho, no negado por nadie, de que los servicios de inteligencia expresaron su malestar a Interior por la línea seguida por la pretendida investigación del fiscal Valerio, conducen hacia el Ministerio de Justicia como posible cauce de dicha protesta, ya que es a su titular a quien corresponde relacionarse con el fiscal general del Estado.

Sin embargo, una alta fuente de este departamento manifestó ayer a este periódico su creencia de que la intervención de Justicia fue posterior al relevo del fiscal. Esta fuente señaló que los télex con las declaraciones a la agencia Vascopress por parte de Emilio Valerio, una vez destituido, llegaron a Justicia procedentes de Interior. La misma fuente aseguró, en concreto, que "el primer despacho sobre este tema entre Fernando Ledesma y Burón se produjo en la mañana de ayer" -por el jueves-, cuando ya el fiscal Valerio se encontraba apartado del caso.

Otras fuentes afirman que la protesta de los servicios de inteligencia, bien a través de Interior o por la vía Interior-Justicia, no llegó al fiscal general del Estado, por encontrarse este de vacaciones, y fue su sustituto, el teniente fiscal, quien la recibió, en uno de los últimos días de 1984, que no se ha precisado. Según estas fuentes, la razón de que se diera trámite a esta protesta y se indicara al fiscal Valerio que debía consultar con su superior jerárquico no fue la negativa de los servicios de inteligencia a ser investigados, sino el corisiderar la Fiscalía que era lógica "la extrañeza de estos servicios ante una diligencia inconexa y extravagante, que venía a preguntarles que qué sabían sobre el asesinato de Brouard".

La diligencia consistía en un escrito del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, a petición del fiscal Valerio, solicitando del Jefe de la Brigada Central de Información que recabara datos, en relación con el asesinato de Brouard, tanto de las organizaciones terroristas ETA o GAL, como del CESID y de los servicios de información de la Guardia Civil.

Desconcierto razonable

Según las fuentes antes citadas, la Fiscalía entendió que "era razonable el desconcierto producido por la generalidad de esta diligencia y dio instrucciones al fiscal encargado del caso, a través del fiscal jefe de Bilbao, para que actuara de acuerdo con este".

"Nada habría pasado si el fiscal Valerio hubiera aceptado estas instrucciones, en lugar de considerarlas una imposición e ir a contárselas a los periodistas", agregaron estas fuentes.

Por otra parte, la nota oficial afirma que "en ningún momento se ha interferido ni se interferirá en el alcance y líneas de investigación del asesinato del señor Brouard, en cuyo total esclarecimiento está también interesada esta Fiscalía General del Estado".

El comunicado explica que el conflicto entre el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao y su subordinado "surge al tener conocimiento aquel jefe de que a sus espaldas se había hecho una solicitud de diligencias. Al recordarle al señor Valerio la obligación estatutaria, reiterada expresamente en este caso, de tenerle informado y compartir con su jefe las incidencias del asunto, aquel no se mostró conforme con acatar esas obligaciones, solicitando ser apartado del mismo, como ha reconocido en sus declaraciones a la Prensa".

En todo caso y después de con trastar las diferentes informaciones cruzadas en las distintas fuentes jurídicas de Madrid y del País Vasco, queda claro que la línea in vestigadora seguida por el fiscal Valerio produjo una protesta de los servicios policiales que el Ministerio del Interior hizo llegar al Fiscal General del Estado y que desencadenó el relevo de aquel.