El Gobierno repartirá el patrimonio sindical de acuerdo con la utilización que tenía en el antiguo 'vertical'
El Gobierno distribuirá en tres partes el patrimonio sindical acumulado teniendo en cuenta el uso que recibía en la antigua Organización Sindical según los criterios que el Ministerio de Trabajo presentará a los interlocutores sociales en breve plazo. Los beneficiarios del reparto serán el propio Estado, los sindicatos representativos y las organizaciones empresariales. El derecho de utilización se perderá cuando alguna de las organizaciones afectadas deje de tener la representatividad exigida en el Estatuto de los Trabajadores (el 10% a nivel estatal y el 15% en las comunidades autónomas)....
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El Gobierno distribuirá en tres partes el patrimonio sindical acumulado teniendo en cuenta el uso que recibía en la antigua Organización Sindical según los criterios que el Ministerio de Trabajo presentará a los interlocutores sociales en breve plazo. Los beneficiarios del reparto serán el propio Estado, los sindicatos representativos y las organizaciones empresariales. El derecho de utilización se perderá cuando alguna de las organizaciones afectadas deje de tener la representatividad exigida en el Estatuto de los Trabajadores (el 10% a nivel estatal y el 15% en las comunidades autónomas).
Estos criterios dejan ya al sindicato USO sin derecho al patrimonio y obligado a devolver los locales que se le habían concedido.El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentará a los interlocutores sociales -sindicatos y patronal- los criterios para el reparto del patrimonio sindical acumulado, dentro de las conversaciones enmarcadas en el desarrollo del Acuerdo Económico y Social (AES). El Gobierno tiene la intención de distribuir estos bienes según la finalidad que tenían cuando funcionaba el antiguo sindicato vertical.
Según fuentes de Trabajo, el patrimonio sindical tenía entonces objetivos distintos. Así, había organismos que se ocupaban de desarrollar funciones exclusivamente vinculadas al Estado (Obra Sindical del Hogar, Obra del 18 de Julio, etcétera) y otras, cuyos fines eran claramente obreros y empresariales.
En la terminología utilizada en el anterior régimen había dos partes diferenciadas: la social (trabajadores) y la económica (las empresas), aunque ambas se hallaban hermanadas en la misma organización. La idea de los responsables del Ministerio de Trabajo es dividir en tres grandes áreas la totalidad del patrimonio acumulado según se estuviera utilizando en el momento de su disolución, y repartir cada una de las partes.
La distribución se realizará entre aquellas organizaciones que ostenten el carácter representativo recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Según el texto legal, tienen este carácter los sindicatos que a nivel estatal obtengan el 10% de los delegados, y si se trata de centrales de ámbito autonómico, el 15% de los representantes elegidos en su comunidad. Las organizaciones patronales también han de tener afiliadas al 10% de las empresas.
La cesión se hará en uso, de forma que los bienes cedidos no pasarán nunca a ser propiedad del receptor, responsabilizándose las organizaciones beneficiarias del mantenimiento. Sin embargo, el Estado correrá con los gastos que se originen como consecuencia del deterioro lógico que se produzca en el transcurso de los años.
Perder la representatividad
Las organizaciones recibirán este patrimonio en función de su representatividad, que se modificará de acuerdo con las variaciones que se registren en este sentido. Si alguna de ellas perdiera este carácter -en el caso de que un sindicato en futuras elecciones no llegara a los porcentajes exigidos en el Estatuto de los Trabajadores-, tendría que retomar los bienes percibidos y el Estado procedería a una nueva redistribución.
De acuerdo con los criterios del Estatuto, sólo la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras como sindicatos estatales, la Intersindical Naciona de Trabajadores Gallegos (INTG) y el Sindicato de Trabajadores Vascos (ELA-STV) como centrales autonómicas, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como organización patronal tendrán derecho a recibir parte del patrimonio acumulado.
Hasta el momento, y en lo que se refiere a centrales sindicales, UGT, CC 00, INTG, ELA-STV y USO han recibido locales pertenecientes a la antigua organización vertical. En las últimas elecciones USO no llegó a alcanzar el 10% de los delegados, con lo que legalmente no tiene el carácter de sindicato representativo. En consecuencia, fuentes de Trabajo señalaron que éste sería un caso en el que una organización se vería obligada a devolver los locales que le fueron cedidos en su día.
La patronal CEOE cuenta actualmente con un único local, el de la calle de Diego de León de Madrid, donde tiene su sede, y sería, de las tres partes, posiblemente la más beneficiada con los nuevos criterios de reparto.
El Estado es, por el contrario, quien más bienes tiene en uso. El 70% del patrimonio sindical se encuentra ocupado hoy por servicios de la Administración, instituciones y organismos que en muchos casos no tienen ninguna vinculación con actividades sindicales o empresariales.