Jueces para la Democracia propone un plan contra la corrupción

Jueces para la Democracia ha invocado la responsabilidad política del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al exigirle su actuación urgente en la erradicación de las corruptelas que cotidianamente se producen en numerosos juzgados. Durante la reunión celebrada durante el pasado fin de semana por la citada corriente progresista de la judicatura -que decidió constituirse en asociación de jueces y magistrados- se hizo un diseño de un plan de actuación contra la corrupción, primera iniciativa de este carácter adoptada por un colectivo judicial.Tras constatar como "práctica generalizada" ...

Jueces para la Democracia ha invocado la responsabilidad política del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al exigirle su actuación urgente en la erradicación de las corruptelas que cotidianamente se producen en numerosos juzgados. Durante la reunión celebrada durante el pasado fin de semana por la citada corriente progresista de la judicatura -que decidió constituirse en asociación de jueces y magistrados- se hizo un diseño de un plan de actuación contra la corrupción, primera iniciativa de este carácter adoptada por un colectivo judicial.Tras constatar como "práctica generalizada" en la administración de justicia la percepción por los funcionarios de diversas cantidades en concepto de indemnizaciones por la práctica de diligencias fuera de su despacho oficial, Jueces para la Democracia valoró como improcedentes tales exacciones, por no ajustarse a las disposiciones que regulan las remuneraciones de tales funcionarios y porque en tales prácticas se amparan otras "claramente etiquetables de corrupción".

Ante el clima de desconfianza ciudadana hacia la justicia, que exige la detección e inmediata erradicación de las anormalidades denunciadas, Jueces para la Democracia se ha dirigido al CGPJ para que proponga al Gobierno un decreto que acabe con las dudas sobre la vigencia de las exacciones ilegales, así como para que ordene al servicio de inspección una actuación urgente contra esta práctica y recabe del Ministerio Fiscal su colaboración en la persecución de los posibles delitos. Igualmente propuso la realización de una encuesta para conocer el alcance de las corruptelas, una campaña de información pública sobre los derechos de los ciudadanos en los juzgados y tribunales y la creación de una comisión de seguimiento, con representación profesional y sindical de los afectados.

Otro acuerdo adoptado por la corriente judicial progresista fue recabar del Ministerio de Justicia que arbitre fórmulas alternativas "que hagan innecesaria la percepción de dinero en las oficinas judiciales y proceda a la habilitación inmediata de fondos para gastos de locomoción y comunicación o medios sustitutivos".