El Gobierno italiano autoriza, mediante decreto, que las televisionesprivadas reanuden las emisiones clausuradas por los jueces
El Consejo de Ministros italiano aprobó ayer un decreto ley que autoriza a las cadenas privadas de televisión a reanudar sus emisiones, clausuradas por orden de los jueces de primera instancia de Roma, Pescara y Turín.El decreto, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado de Italia, consta de un solo artículo con tres apartados, atañe a las cadenas privadas existentes hasta el 1 de octubre de 1984 y tiene una vigencia de 12 meses.
Éste es el tiempo máximo que se marcó el Ejecutivo para remitir al Parlamento un proyecto de ley que regule definitivamente este sector d...
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El Consejo de Ministros italiano aprobó ayer un decreto ley que autoriza a las cadenas privadas de televisión a reanudar sus emisiones, clausuradas por orden de los jueces de primera instancia de Roma, Pescara y Turín.El decreto, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado de Italia, consta de un solo artículo con tres apartados, atañe a las cadenas privadas existentes hasta el 1 de octubre de 1984 y tiene una vigencia de 12 meses.
Éste es el tiempo máximo que se marcó el Ejecutivo para remitir al Parlamento un proyecto de ley que regule definitivamente este sector de los medios de comunicación social. La decisión de los jueces que el pasado martes cerraron las cadenas se basó en el hecho de que las tres televisiones emitían sus programas a escala nacional, "violando una ley que reserva al Estado y a su concesionaria, la RAI, la difusión de las transmisiones a escala nacional".
El artículo del decreto aprobado ahora autoriza, según declaró el ministro de Correos, Antonio Gava, "la conexión a través de repetidores y la interconexión de programas prerregistrados".
La decisión del Consejo de Ministros puso fin al cierre de los estudios de televisión en Roma, Pescara y Turín, así como de tres repetidores de las cadenas privadas Italia 1, Canale 5 y Retequattro, todas ellas propiedad del magnate Sivio Berlusconi.
El decreto ley del Gobierno fue calificado de inconstitucional por el Partido Comunista y otras formaciones políticas de izquierda, que añadieron que suponía una claudicación del Ejecutivo a los intereses de los potentes grupos de presión del medio.
La exclusividad del Estado en materia de servicios postales y telecomunicaciones fue ratificada en 1975 por una ley. El 28 de julio de 1976 una sentencia del Tribunal Constitucional reafirmó el monopolio de la RAI para las transmisiones de radio y televisión a escala nacional.