Colonos de las antiguas tierras de Pardo Bazán piden al Defensor del Pueblo que evite su desalojo

Diecisiete familias labradoras que están a punto de ser desalojadas de las tierras que cultivan y de las casas que habitan como colonos, en As en Chousas -municipio de Moeche, a unos 40 kilómetros de El Ferrol- han dirigido un llamamiento al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, para que evite el lanzamiento. Las propiedades pertenecieron a la marquesa de Cavalcanti y Pardo Bazán, y fueron vendidas por los herederos a una sociedad ganadera.Los labradores aseguran que no tuvieron noticia de la venta, por lo que perdiendo la opción de compra de las tierras, y que se encuentran...

Diecisiete familias labradoras que están a punto de ser desalojadas de las tierras que cultivan y de las casas que habitan como colonos, en As en Chousas -municipio de Moeche, a unos 40 kilómetros de El Ferrol- han dirigido un llamamiento al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, para que evite el lanzamiento. Las propiedades pertenecieron a la marquesa de Cavalcanti y Pardo Bazán, y fueron vendidas por los herederos a una sociedad ganadera.Los labradores aseguran que no tuvieron noticia de la venta, por lo que perdiendo la opción de compra de las tierras, y que se encuentran en una total indefensión, "abandonados de todos, sin hogar y sin patria y también, por lo visto, sin ley", dice su portavoz en una carta al Defensor del Pueblo.

Los colonos pagaban puntualmente el arriendo. Hace siete años se suspendieron los cobros y entonces tuvieron conocimiento de la venta de las posesiones a una poderosa sociedad ganadera que tiene otras explotaciones en la comarca. Aunque se reanudaron los cobros de arrendamientos, el procedimiento judicial, ante el que aseguran haberse sentido indefensos, les ha sido desfavorable.

El pasado día 3 fue derribada una de las casas, y dos labradores tuvieron que ser atendidos médicamente en Somozas por lesiones causadas al resistirse a la Guardia Civil, que desplazó 40 números a la zona.

Los labradores han expuesto su situación al director de Justicia de la Xunta de Galicia, Pía Martínez, y en el Gobierno Civil de La Coruña. "Nos han dicho que nos pongamos de acuerdo con la sociedad, pero por el terreno que compraron a 60.000 pesetas la hectárea nos piden ahora 700.000 y además con la condición de dejar las casas y trasladarnos a otro lugar que ellos señalarían, con una hectárea por familia".