Vetos precedentes

Francia no ha concedido, hasta la fecha, ninguna de las extradiciones de etarras solicitadas por España, pese a que, en seis ocasiones, los tribunales franceses se manifestaron a favor de entregar a la Justicia española a los terroristas juzgados. La primera vez que la justicia francesa se pronunció a favor de la extradición de un terrorista de ETA fue el 3 de junio de 1981, cuando el Tribunal de Apelación de París consideró que el historial delictivo de Tomás Linaza Echeverría, miembro de ETA Militar, implicado en siete asesinatos, entraba dentro de lo que se considera delincuencia com...

Francia no ha concedido, hasta la fecha, ninguna de las extradiciones de etarras solicitadas por España, pese a que, en seis ocasiones, los tribunales franceses se manifestaron a favor de entregar a la Justicia española a los terroristas juzgados. La primera vez que la justicia francesa se pronunció a favor de la extradición de un terrorista de ETA fue el 3 de junio de 1981, cuando el Tribunal de Apelación de París consideró que el historial delictivo de Tomás Linaza Echeverría, miembro de ETA Militar, implicado en siete asesinatos, entraba dentro de lo que se considera delincuencia común. Sin embargo, el Gobierno de Pierre Mauroy vetó la extradición, y Linaza fue confinado poco después en la isla de Yeu. Algo similar sucedió tras las decisiones, favorables a la extradición todas ellas, emitidas por tribunales francesas con relación a los etarras Juan Carlos Arruti Azpitarte, Miguel Ángel Aldana Barrena, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Juan Miguel Arrugaeta San Emeterio y José Agustín Atxega Aguirre, acusa dos de numerosos asesinatos. El Gobierno francés se negó a entregar a España a los terroristas mencionados.En la ocasión presente, en espera de la decisión gubernamental es preciso recordar la normativa vigente en Francia sobre las extradiciones. Hasta noviembre de 1982, la normativa era simple: si el tribunal opinaba negativamente sobre una extradición, la persona encausada debía ser liberada automáticamente; en caso contrario, era el Gobierno en última instancia quien podía o no tener en cuenta el sí de la Justicia.

Pero en 1982, Francia, presionada por varios países europeos occidentales, acosados todos ellos por terrorismo de diversa especie, modificó, a su pesar, la normativa sobre las extradiciones.

El nuevo texto dice que Francia concederá extradiciones siempre que se trate de autores de atentados cometidos "en Estados respetuosos de los derechos fundamentales", es decir, en países democráticos. Pero añade que el nuevo reglamento no tiene carácter retroactivo. Quiere esto decir que ahora el Gobierno de París puede tener en cuenta que los crímenes de los que son acusados los cuatro vascos juzgados en Pau son todos anteriores a 1982.